La Justicia federal ordenó a empresas extranjeras abstenerse de pescar sin permiso argentino en aguas de Malvinas

Una resolución del Juzgado Federal a cargo de Mariel Borruto dispuso que las compañías extranjeras comprendidas en una demanda por actividad pesquera se abstengan de operar sin autorización argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas de las Islas Malvinas hasta las 200 millas. La orden tiene carácter provisional y permanecerá vigente hasta que las firmas obtengan las habilitaciones correspondientes o exista una nueva decisión judicial. La medida fue dictada el 6 de noviembre en el expediente FCR 16446/2026 y difundida por la Fundación Agustina Lerena, que promovió la acción. Según publicó el medio especializado Pescare, su alcance excede la captura de recursos: comprende el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además de nuevas mareas, temporadas y la incorporación de embarcaciones. También contempla las operaciones realizadas mediante buques propios, fletados o administrados por las sociedades demandadas. Uno de los ejes de la causa es el posible impacto ambiental de la explotación de especies migratorias y recursos compartidos. De acuerdo con la fundación, la magistrada evaluó informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero sobre calamares illex y loligo, merluza común y merluza de cola. El planteo sostiene que esas capturas podrían comprometer las políticas argentinas de conservación y fundamenta la cautelar en los principios de prevención y precaución, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Las empresas extranjeras deberán responder, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, un amplio requerimiento de información respaldada por documentación. Tendrán que identificar las embarcaciones utilizadas, sus matrículas y pabellones, detallar permisos y capturas por especie y temporada, e informar sobre seguimiento satelital, observadores, puertos, transbordos y destinos comerciales. También se les solicitaron datos sobre contratos, participaciones societarias, operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales. El juzgado ordenó, además, preservar los registros de pesca y toda la documentación técnica, comercial y societaria, tanto física como digital. La resolución prohíbe destruir, modificar u ocultar material que deba incorporarse al expediente. Las respuestas omitidas o las negativas que no cuenten con sustento documental podrán ser valoradas en contra de las demandadas. Entre las firmas españolas alcanzadas aparecen Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO. El comunicado también menciona vínculos con grupos y sociedades de las islas, entre ellos Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross, junto con distintas estructuras societarias utilizadas para la actividad. La situación de las compañías nacionales recibió un tratamiento diferente. Por el momento, el tribunal no hizo lugar a las cautelares solicitadas en su contra, aunque requirió información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y antecedentes administrativos. Su actuación continuará bajo análisis en el proceso ordinario, mientras que las medidas dirigidas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron pendientes de resolución. El marco normativo invocado incluye las restricciones incorporadas al régimen federal pesquero por la Ley 26.386. Según lo expuesto por la entidad demandante, esas disposiciones exigen declarar la ausencia de determinados vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con armadores que operen sin permiso en aguas bajo jurisdicción argentina. La comprobación de las conductas prohibidas puede derivar en la caducidad de permisos y cuotas, cuya evaluación corresponde a las autoridades competentes. La demanda fue presentada el 9 de octubre por la fundación presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat. Reclama recomposición ambiental y una reparación económica por 4.101.131 toneladas que atribuye a las demandadas entre 1989 y 2025, con una estimación de USD 26.465 millones a precios mayoristas. Tanto los volúmenes como la valuación deberán acreditarse durante el proceso. La aplicación de la cautelar frente a las sociedades extranjeras dependerá de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos correspondientes.