El Gobierno comienza a restringir la llegada de celulares chinos a la Argentina

El mercado argentino de las telecomunicaciones enfrenta un cambio que podría modificar la presencia de importantes fabricantes internacionales. El Gobierno nacional estableció nuevas exigencias de seguridad informática para los equipos utilizados en infraestructuras consideradas críticas, mediante una disposición que podría limitar la participación de compañías chinas como Huawei y ZTE en futuras contrataciones estatales. La medida fue publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial y establece que determinados fabricantes deberán contar con una certificación internacional denominada SCS 9001, otorgada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una organización privada vinculada con la industria tecnológica estadounidense. El requisito introduce una dificultad para varias compañías de origen chino, debido a que la entidad encargada de emitir la certificación no admite a empresas incluidas en las listas de restricciones comerciales del Gobierno de Estados Unidos. Entre ellas figuran Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. Aunque la normativa argentina no menciona expresamente una prohibición contra fabricantes chinos, las condiciones establecidas podrían impedir que estas empresas participen en determinadas contrataciones vinculadas con redes y sistemas de comunicaciones considerados estratégicos. La disposición comenzará a aplicarse a las nuevas contrataciones del Estado nacional y sus empresas una vez transcurrido un plazo de 90 días. Durante ese período, el Centro Nacional de Ciberseguridad deberá determinar cuáles son las infraestructuras alcanzadas y establecer una clasificación de los equipos según su nivel de criticidad. El esquema contempla cuatro categorías de seguridad, aunque la certificación estadounidense será obligatoria únicamente para los dos niveles superiores. Entre las empresas que podrían verse alcanzadas aparece Arsat, la compañía estatal argentina dedicada a las telecomunicaciones, cuya infraestructura utiliza una proporción importante de equipamiento tecnológico de origen chino. Según estimaciones difundidas en el sector, aproximadamente dos tercios de los equipos instalados por Arsat provendrían de fabricantes como Huawei y ZTE, lo que plantea interrogantes sobre las futuras adquisiciones y las posibilidades de actualización de sus sistemas. La normativa también podría afectar a proveedores privados que participen en contrataciones públicas, incluyendo operadores de telefonía, empresas de almacenamiento de datos y prestadores de servicios tecnológicos. Sin embargo, uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre las compañías del sector es la posibilidad de que las nuevas condiciones se extiendan más allá de las compras estatales. La disposición solicita al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que analice la incorporación de estos requisitos a los procedimientos de homologación de equipos de telecomunicaciones. Si esa posibilidad se concreta, las exigencias podrían alcanzar a una amplia variedad de dispositivos comercializados en Argentina, incluyendo teléfonos celulares, equipos de conexión a internet y otros productos electrónicos que utilizan tecnologías inalámbricas. Esta evaluación se produce mientras el organismo regulador se prepara para implementar, desde el 1 de diciembre, un nuevo reglamento del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (Ramatel). Por el momento, la extensión de la certificación al mercado general no constituye una decisión definitiva, sino una alternativa que deberá ser analizada por el organismo competente. El eventual impacto también genera inquietud entre las pequeñas y medianas empresas proveedoras de internet. En distintas regiones del país, numerosas cooperativas y operadores locales utilizan tecnología Huawei y ZTE para desarrollar redes de fibra óptica y servicios de conectividad. Estos fabricantes lograron una importante presencia en el mercado argentino debido a sus condiciones comerciales y a la disponibilidad de equipamiento adaptado a las necesidades de operadores de menor escala. Una eventual restricción sobre nuevas adquisiciones podría obligar a buscar proveedores alternativos, con posibles incrementos en los costos de inversión, mantenimiento y expansión de las redes. Desde el sector advierten que, si los gastos de infraestructura aumentan considerablemente, parte de esos costos podría terminar trasladándose a las tarifas que pagan los usuarios por los servicios de telecomunicaciones. Otro punto de discusión está relacionado con las características de la certificación SCS 9001. Mientras el Gobierno sostiene que permite evaluar la seguridad de los procesos de fabricación y de las cadenas de suministro, representantes de la industria cuestionan que se trate de un estándar administrado por una organización privada estadounidense. También señalan que la certificación se concentra principalmente en los procedimientos internos de las empresas y no necesariamente en las pruebas técnicas de cada dispositivo. En los fundamentos de la disposición, el Centro Nacional de Ciberseguridad argumenta que el sistema elegido permite analizar integralmente los mecanismos de seguridad de los fabricantes, desde el desarrollo hasta la distribución de los productos. Para los equipos clasificados dentro de las categorías de mayor criticidad, la normativa contempla además la realización de ensayos técnicos en laboratorios acreditados. La decisión argentina presenta similitudes con medidas adoptadas en otros países de América Latina. Paraguay incorporó la certificación SCS 9001 como requisito en una licitación vinculada con redes 5G durante 2025, en un proceso que contó con el impulso diplomático de Estados Unidos. En aquel caso, el Departamento de Estado estadounidense destacó que el mecanismo permitía restringir la participación de determinadas compañías chinas sin establecer una exclusión expresa por nacionalidad. El debate también alcanza a los costos que podría representar un eventual reemplazo de infraestructura tecnológica ya instalada. En Estados Unidos, el Congreso destinó cerca de 5.000 millones de dólares a un programa para sustituir equipamiento Huawei y ZTE utilizado por decenas de operadores de telecomunicaciones. En Argentina, la nueva disposición no establece una estimación económica sobre un posible proceso de sustitución de equipos, ni dispone por ahora el retiro generalizado de la tecnología china que ya se encuentra funcionando. Durante los primeros 36 meses de aplicación, los fabricantes alcanzados podrán acreditar que iniciaron el procedimiento de certificación, aunque esa alternativa también depende de que sean admitidos por la organización estadounidense encargada del registro. La medida se suma a otras decisiones del Gobierno nacional que modificaron las condiciones de participación de empresas extranjeras en proyectos estratégicos de infraestructura. En este escenario, el futuro de las compañías tecnológicas chinas dentro del mercado argentino dependerá tanto de la implementación de las nuevas exigencias como de las decisiones que adopte el Enacom sobre la homologación de dispositivos. Por ahora, el cambio se concentra en las contrataciones vinculadas con infraestructuras críticas del Estado, pero su posible extensión al conjunto de las telecomunicaciones abre un debate sobre seguridad informática, competencia comercial, costos de conectividad y disponibilidad de tecnología para los consumidores argentinos.