Los consejeros solicitaron un informe oficial sobre la causa penal que se tramita en el Juzgado de Ushuaia y, además, que se brinden explicaciones de por qué no se cumplió con lo que obliga la Ley 525 de informar sobre las actuaciones a ese cuerpo colegiado.
USHUAIA.- El Consejo de la Magistratura realizó este miércoles una nueva reunión en la que se abordaron algunos asuntos de sumo interés para la sociedad, uno de ellos la situación del juez Andrés Leonelli, sobre lo cual advirtió que los funcionarios judiciales actuantes en el caso no cumplieron con lo que obliga la Ley 525, en su artículo cuarto.
Lo advertido por los consejeros suma un nuevo escándalo en un proceso judicial en el que está involucrado un Magistrado y da lugar a suspicacias sobre el proceder cuando la denuncia alcanza a algunos de los integrantes del Poder Judicial.
Con la presidencia de la jueza Edith Miriam Cristiano, el organismo se reunió en Río Grande, con la participación de algunos consejeros de manera virtual y con la ausencia, una vez más, del consejero vitalicio, el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre.
El primer tema que se analizó fue la situación del juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, Andrés Leonelli; quien está imputado en una causa penal por el delito de tenencia de material con contenido de pornografía infantil.
El Consejo resolvió, por unanimidad, no tomar intervención en el caso aún porque no fue notificado de que exista una causa penal en curso, más allá de lo que se difundió por los medios de comunicación.
Lo que resolvieron los consejeros fue librar oficio al Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y a la titular del Juzgado de instrucción N° 2, de Ushuaia; a los fines de que informen si existe un proceso en sede penal en el cual se investigue la conducta del magistrado y, en caso afirmativo, la razón por la que no dieron cumplimiento a la previsión del artículo 4 de la Ley 525.
El mencionado artículo expresa: “La autoridad que hubiese intervenido en la recepción de una denuncia o investigación de un hecho presumiblemente delictivo, cometido por un magistrado o funcionario del Ministerio Público, deberá poner ese hecho en conocimiento inmediato del Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de la intervención que debe otorgarse al juez competente”.
El encuentro
Los consejeros que estuvieron en la reunión de este miércoles, de manera presencial, fueron la presidenta, Edith Miriam Cristiano; la legisladora, María Victoria Vuoto; el legislador Federico Jorge Greve y la abogada por Río Grande, Verónica Muchnik.
Por vía remota lo hicieron el ministro Jefe de Gabinete, Paulo Agustín Tita y el abogado de Ushuaia, Santiago Martín D’Angelo. Cabe indicar que éste último debió excusarse de intervenir en tres temas referidos a pedidos de juicio político a jueces, porque es el fiscal designado para este período.
Los consejeros que participaron de la reunión (a expresión del abogado D’Angelo) resolvieron, por unanimidad, el rechazo sin más trámite de la denuncia que hizo la abogada Nora Godoy contra el titular del Juzgado de Familia N° 1, juez Fernando González Cárcamo; por presuntas irregularidades en la tramitación de un expediente.
En la misma reunión se resolvió cerrar la denuncia contra otro magistrado al entender que “confundir las vías recursivas con vía de responsabilidad institucional no sólo desnaturaliza el sistema de enjuiciamiento, sino que promueve un uso distorsionado y disciplinador del mecanismo del enjuiciamiento, contrario al principio de independencia judicial”.
El último punto que trató el Consejo de la Magistratura, fue anoticiarse de la decisión del Superior Tribunal de Justicia de aceptar la renuncia de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó al cargo de titular del Juzgado Correccional de Ushuaia. Por lo tanto, ese organismo no tomará intervención alguna en la reprochable conducta desplegada en junio pasado, cuando protagonizó un siniestro vial, se fugó y hasta intentó desentenderse de lo sucedido.
