"Después de un año y medio no se logró que las textiles tengan el mismo plazo que las electrónicas", dijo Ramón Gallardo

El integrante de la Cámara Fueguina de la Madera y del sector pymes de la Unión Industrial Argentina, el contador Ramón Gallardo, se refirió al comunicado del Gobierno Nacional respecto al aumento de aranceles para la Industria Metalúrgica y enfatizó en la situación de la Industria Textil, señalando que no existe un compromiso por parte de los funcionarios ya que, los beneficios a las empresas textiles cesan el 31 de diciembre del 2023. Con el objetivo de fortalecer al sector Industrial Nacional, días atrás el Gobierno Nacional confirmó el aumento de los aranceles de importación para cuatro clases de computadoras portátiles de cero a entre 8% y al 16%, según el peso y las cualidades del equipo. Recordemos que durante la gestión de Cambiemos, el gobierno decidió eliminar el arancel de importación del 35% que recaía sobre Bienes de Informática y Telecomunicaciones, a través del decreto N°117 que comenzó a regir en abril de 2017. La quita del gravamen a los componentes que tenían un impuesto de 12%, quedaron en 0% y el mismo arancel se aplicó a notebooks, tablets y PC con el objetivo de ampliar la oferta y disponibilidad de equipos que compiten en el mercado local. Dicha medida siempre fue cuestionada por los fabricantes nacionales con plantas en la provincia de Tierra del Fuego y Buenos Aires, los cuales siempre pusieron el tema en la mesa en cada negociación ante las autoridades del Gabinete Nacional. En ese marco, Ramon Gallardo se expresó ante esta modificación formulada por el Gobierno Nacional y dijo “esto modifica parcialmente al decreto N°117. En el 2017 se puso en 0% este derecho a la importación para que la gente se tecnifique y no se atrase en este tipo de medidas y en Río Grande provocó que una de las firmas Informática Fueguina Sociedad Anónima (era BGH en su momento) que tenía más de 137 empleados, tuviera que cerrar sus puertas e irse de la isla porque no le convenía”. Recordando que en ese entonces “yo les firmaba las habilitaciones de origen para sacar sus productos. Los derechos de importación tienen dos objetivos: proteger la industria nacional y la fuente de trabajo, y la otra tiene que ver con una faz recaudatoria. Esta medida es buena para la industria nacional porque seguramente habrá mayores inversiones. En el caso particular de Tierra del Fuego, por ejemplo, a las empresas como BGH, por la diferencia de costos, están produciendo en el continente por lo cual no veo un beneficio significativo para las industrias radicadas en la provincia, para estos productos particulares”. Por otro lado, se refirió a la situación de la Industria Textil y dijo que “las expresiones de deseo”. Por lo cual, enfatizó en el encuentro que la ministra de Producción de la Provincia, Sonia Castiglione, concretó con los representantes de la Unión Industrial Fueguina, en la cual analizaron la actual situación por la que atraviesa el sector textil en la provincia y dijo “el decreto 727 salió hace un año y medio donde establece que los beneficios a las empresas textiles cesan el 31 de diciembre del 2023 y eso no se modificó por más quejas que hubieron”. En este sentido, señaló que “leí las declaraciones de la ministra quien aseguró que habló con el Presidente y el Ministro Sergio Massa para garantizarles que las textiles van a tener su prórroga por diez años más, pero justamente Massa fue quien elevó el presupuesto 2023 donde hablaba que iba a bajar el déficit fiscal y la inflación e incluyó una separata, por sugerencia del FMI, que podía ayudar a reducir déficit del 1,9% del producto bruto interno y fue ahí donde nos metió en la bolsa a nosotros” Agregando que “dijo que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego representaba un 0,35% del PBI que era equivalente a $52.000.000.000, integrado por cuatro impuestos: la liberación del IVA (0,16%); Impuesto a las Ganancias (0,06%); impuesto interno (0,06%) y otro impuesto también del 0,07%. Eso para Massa significa que la provincia de Tierra del Fuego representa para el país el 0,35% del PBI nacional y que podía contribuir si se mira el déficit fiscal”. “A nosotros nos embarcó en un lío que fue muy difícil salir y esa separata del presupuesto 2023, decía que lo elevaba al Congreso para su revisión y para la eliminación gradual de los beneficios de la ley 19.640. Esto dio lugar para que la Coalición Cívica se agarrara de ello para presentar un proyecto para eliminar la Ley 19640 hasta 2026. Es importante tenerlo en cuenta que por suerte hizo que los cinco diputados de la provincia, sin distinción de color, se unieran y lograran una negociación con la suba de impuestos internos que les permitió que no tuviéramos un efecto negativo mayor cuando se hablaba de derogar el subregimen industrial”, indicó. Al mencionar esto, remarcó que “fue el ministro Massa quien propuso esto mientras la ministra de la Provincia garantiza que las textiles seguirán estando y yo tengo mis dudas porque fue Massa quien dejó la puerta abierta para que apareciera este proyecto que aún está en comisión”. Ramón Gallardo aseguró que “no entiendo por qué seguimos con esta incertidumbre. Quizá la ministra Castiglione quiso llevar tranquilidad en este escenario electoral, pero yo no veo ninguna perspectiva. Sé que están trabajando en la revisión de los procesos productivos, pero lo que hay que tener en cuenta acá es el lobby que existe. Hay un empresario textil que fue uno de los que realmente habló con el Gobierno Nacional para que no se permita la continuidad de las textiles y no se olviden que el vicegobernador de Tucumán que solicitó lo mismo. De Mendiguren es del pulmón textil y nadie le puede explicar lo que es un proceso productivo a alguien que tiene sus empresas fuera de la provincia”. De igual forma, aclaró que no está en contra de la ministra Castiglione “pero entiendo que hasta el momento sus declaraciones son una expresión de deseo porque después de un año y medio, no se logró que las textiles tengan el mismo plazo que las electrónicas. Hasta ahora seguimos en la misma situación”. El integrante de la Cámara Fueguina de la Madera, agregó que “se hizo un contrato de fideicomiso y después hay un comité ejecutivo de tres personas designadas por el Gobierno Nacional, que es el que nos va a decir qué podemos hacer y qué no. Hay un correcto asesor de cinco integrantes que uno representa a la UOM, otro de la UIF, el Municipio de Río Grande y de Ushuaia, y el Gobierno. Se puede opinar, pero las definiciones son de afuera. Esta prórroga que se dio con la 19640, le quitó muchísimos beneficios a Tierra del Fuego”, aseguró. Por último, hizo hincapié en los fondos que están destinados para la ampliación de la matriz productiva, detallando que hoy en día “hay muchas industrias que ya elaboraron proyectos, pero no han tenido tratamiento y han quedado en suspenso. Hoy también hay muchas dificultades que tiene el Gobierno Nacional para renovar la deuda interna. Si ustedes me preguntan dónde está esa plata, no sé si está metida en títulos públicos. Desconozco la situación del fondo de ampliación de matriz productiva de Tierra del Fuego porque nadie explica nada”, finalizó

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