Las comisiones de Educación y Economía de la Legislatura acordaron ayer un dictamen que, pese a sus modificaciones, conserva la estructura del proyecto de Financiamiento Educativo enviado por el Poder Ejecutivo con trámite de urgencia; una meta de inversión a cinco años, un fondo específico y recursos provenientes de impuestos y actividades económicas.
La propuesta lleva las firmas de Federico Greve y Myriam Martínez, de Forja; Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García, del PJ; y Gisela Dos Santos, de Sumemos Tolhuin. Sus impulsores buscan tratarla en la sesión especial convocada para las 14:00 del próximo lunes 2 de noviembre.
Esa sesión fue solicitada por Damián Löffler y Pablo Villegas, del MPF; Jorge Lechman y Raúl von der Thusen, de Somos Fueguinos; Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza; y Matías Lapadula, de Provincia Grande, pero para dejar sin efecto el trámite de urgencia del proyecto presentado por el Ejecutivo como parte del acuerdo alcanzado con el SUTEF para dar por superado el paro por tiempo indeterminado que había lanzado el gremio docente tras el receso de invierno.
El nuevo texto mantiene el objetivo de alcanzar una inversión educativa equivalente al 7,80% del Producto Bruto Geográfico provincial en cinco ejercicios. También conserva el recorrido inicial del 4,50%, 4,95%, 5,70% y 6,60%, hasta llegar a la meta final.
Aunque ahora esos porcentajes se presentan como mínimos, continúa la posibilidad de postergar etapas ante una caída real de la economía, la recaudación o la coparticipación federal. La exigencia de justificar esa decisión ante la Legislatura agrega control, pero no elimina la dependencia del programa respecto de la situación fiscal.
El Fondo de Financiamiento Educativo sigue siendo la herramienta central. Se mantiene el adicional del 3% de Ingresos Brutos al Banco de Tierra del Fuego, con la prohibición de trasladarlo a sus clientes. También se mantienen las fuentes de ingresos vinculadas con actividades estratégicas, utilidades de empresas estatales, hidrógeno verde y economía del conocimiento. Pero como parte de esos recursos depende de futuras leyes, de ganancias disponibles o del desarrollo de potenciales actividades económicas, de ninguna manera constituyen una garantía cierta de ingresos que permita cumplir las metas.
Entre los cambios aparece la afectación de Ingresos Brutos de Terra Ignis y la actualización anual por inflación de las valuaciones del Inmobiliario Rural. Para este último impuesto se contempla destinar hasta el 40% de los ingresos adicionales generados por modificaciones tributarias o revalúos.
El dictamen elimina la propuesta original de separar el 0,5% de la recaudación total de Ingresos Brutos antes de distribuirla a los municipios. La decisión preserva esos recursos dentro del régimen habitual de coparticipación, por lo que retira una fuente que el Ejecutivo había previsto para Educación.
Otra modificación relevante está en el gravamen del 3,4% sobre la distribución de gas. Lo recaudado se repartirá entre infraestructura educativa, con un 40%, y redes de gas y conexiones domiciliarias, con el 60% restante. Así, una fuente originalmente prevista para el fondo educativo pasa a financiar mayoritariamente obras de gas. Pero, es de tener en cuenta, que el proyecto contempla que si el ente regulador nacional autoriza a Camuzzi a trasladar ese costo a los usuarios, deberá dejar de recaudarse.
También cambia el reparto del fondo educativo: se propone un 40% para salarios, otro 40% para infraestructura y un 20% para equipamiento. El proyecto original reservaba como mínimo el 50% a salarios, el 25% a infraestructura y el 15% a equipamiento.
Sin embargo, el nuevo reparto es orientativo y podrá ser modificado por el Ejecutivo, respetando las restricciones de cada fuente. Tampoco se fija un aumento salarial concreto: se plantea una mejora progresiva del cargo docente de referencia.
Los aportes más claros del dictamen están en los controles. Crea un Observatorio, exige informes trimestrales, indicadores públicos y una evaluación anual. Incorpora un programa de mejora educativa con participación de la comunidad y aclara que los cambios que se registren en la matrícula de estudiantes no podrán utilizarse para reducir automáticamente cargos u horas.
