Una vez más la corporación judicial cierra líneas detrás de una resolución de uno de sus integrantes que protege ciertos intereses político institucionales.
Esta tarde el gremio de la Unión de Empleados y la Asociación de Magistrados; emitieron un comunicado conjunto cuestionando las declaraciones del ministro de gabinete Jorge Canals respecto de la resolución de la jueza electoral Mariel Zanini, pidiendo un dictamen fiscal que respalde una eventual definición del cronograma electoral.
Desde el Gobierno Provincial se vio esto como una dilación innecesaria y las críticas del ministro Canals fueron tomadas como un exceso de crítica jurídica e interpretadas como ” una forma de presión institucional incompatible con el principio republicano de división de poderes”.
Si bien eso es atendible en razón de la búsqueda de mantener la independencia judicial, llama poderosamente la atención que la Asociación de Magistrados haya emitido un comunicado ante declaraciones políticas mediáticas y no ante un grave hecho institucional concreto como el que ocurrió entre el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la magistratura.
Y para ello arrastró consigo al gremio judicial envuelto actualmente en un conflicto salarial.
Un dato no menor es que en la última reunión de la Asociación de Magistrados se debatió el grave conflicto que generó la acordada 24 del STJ impugnando la designación de una jueza por parte del Consejo de la Magistratura.
Este acto administrativo concreto que plantea una si plantea una afrenta al principio republicano de división y contralor entre poderes democráticos, no mereció ninguna expresión pública de los Magistrados a pesar de que sus integrantes abordaron el tema en el último encuentro mantenido.
Un Superior Tribunal de Justicia que busca tener poder de veto sobre las decisiones de su única posibilidad de contralor cómo es el Consejo de la Magistratura, fue un asunto soslayado en la expresión pública de la asociación de jueces dejando ese necesario debate puertas adentro.
Las críticas de Canals más allá de lo político fueron desmedidas en lo institucional, pero el corporativismo de una casta que defiende los principios republicanos y la democracia de manera selectiva ya es intolerable.
