Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) difundieron una carta abierta en la que expusieron el conflicto que atraviesa el Puerto de Ushuaia desde la intervención instaurada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) . Cuestionaron la intervención del organismo y advirtieron por posibles consecuencias económicas y operativas para la próxima temporada.
El documento, “Puerto de Ushuaia – Temporada 2026/27 en alerta”, dirigido “a la comunidad portuaria, a las agencias marítimas, empresas navieras, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, sector hotelero, operadores logísticos y a toda la comunidad de Ushuaia”.
“Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda preocupación institucional, social y económica, que atraviesa uno de los principales motores de nuestra provincia: el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
Afirman, “Más de 140 trabajadores hemos quedado en un estado de incertidumbre absoluta, junto a nuestras familias, viendo vulnerado no solo nuestro derecho al trabajo, sino también el normal desarrollo de una actividad que resulta estratégica para toda la provincia”.
Destacaron que durante la última temporada buscaron evitar que los conflictos afectaran el funcionamiento operativo del puerto y el desarrollo de la actividad turística. Pero, advierte que “En el contexto actual, las garantías para la temporada 2026/2027 ya no pueden darse por aseguradas”, afirman.
Sostienen que “la intervención no solo generó incertidumbre institucional: también está generando un grave perjuicio económico directo”.
“Los fondos que ingresan por la explotación del puerto —que deberían permanecer en la provincia, tal como lo establece el Convenio Nación-Provincia— están siendo desviados a una cuenta del Banco de la Nación Argentina, respecto de la cual no existe claridad sobre quién la controla ni qué organismo la audita”, denuncian.
Además, advierten que esa situación “pone en riesgo directo el pago de nuestros salarios y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo”, impactando “de manera inmediata en nuestras condiciones de vida y en las de nuestras familias”.
Mencionan que la intervención “nombran a Cristian Riguiero, Carlos Sposaro, Diego Salom y Leonardo Salom, a quienes vinculan con “hechos de corrupción y manejos irregulares dentro del sistema portuario”.
Sostienen que los supuestos motivos de la intervención “han perdido sustento”, nombran entre otros aspectos la aparición del “Certificado de Puerto Seguro vigente hasta el año 2029”, que habilita a la terminal a operar con buques de pasajeros, pesqueros y contenedores.
La “Certificado de Protección Ambiental con aprobación satisfactoria” y a la derogación del artículo de la Ley 1596 vinculado al financiamiento de OSEF con recursos portuarios, un hecho que ocurrió en la última sesión de la Legislatura a pedido de los propios trabajadores.
Remarcan que “Los trabajadores no solo defendemos nuestra fuente laboral. Defendemos un principio fundamental: que el Puerto de Ushuaia pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego y debe ser administrado por la propia provincia, porque si importa quién lo maneja, quién administra sus recursos y quién toma decisiones sobre un activo estratégico para todos los fueguinos. Sabemos que cada uno de ustedes-operadores turísticos, comerciantes, hoteleros, prestadores de servicios-necesita previsibilidad, reglas claras y garantías de funcionamiento”.
