Javier Escobar, secretario general de ASIMRA, cuestionó el avance de los decretos 333 y 334 y reclamó que se priorice a los trabajadores en las negociaciones. Aseguró que hay incertidumbre en el sector y que no aceptarán retrocesos como los vividos en 2017.
Javier Escobar, secretario general de ASIMRA, se refirió al conflicto que atraviesa la industria electrónica fueguina tras los decretos nacionales 333 y 334, que aún no fueron reglamentados. En diálogo con AIRELIBRE FM, el dirigente sindical expresó la preocupación del sector y la falta de definiciones claras por parte de Nación y las cámaras empresariales.
“La incertidumbre la vivimos desde el día uno, ya cuando se materializó el decreto”, expresó Escobar. Y agregó que, si bien aún se espera la reglamentación, lo que definirá la llamada “letra chica”, desde el gremio consideran que se está avanzando sin tener en cuenta al sector trabajador.
Las reuniones entre Nación, Provincia, los gremios y las cámaras empresariales ya suman cinco. Escobar relató que en la última de ellas se presentó la presidenta de la cámara con un Excel con costos promedio de celulares, lo que generó un fuerte malestar: “Esas actitudes ya las tomamos como una imprudencia. Hay muchas cosas en juego”.
Desde ASIMRA plantearon que “cada uno está cuidando un interés individual” y reclamaron que lo primero que debería estar sobre la mesa es la estabilidad laboral. “Nosotros exigimos que lo primero que tendrían que estar mirando ahora es al trabajador y la trabajadora de la industria electrónica, metalúrgica, autopartista… y a la ciudadanía entera, porque esto tiene un efecto colateral”.
Escobar también criticó con dureza los dichos de funcionarios nacionales que tildaron al régimen de Tierra del Fuego como “privilegiado”. “Repudiamos y rechazamos totalmente esas declaraciones, y se lo repetimos constantemente”, señaló.
En cuanto a los costos de producción, explicó que un celular de alta gama fabricado en la provincia puede costar entre 700 y 800 dólares, dependiendo del modelo y la fábrica. “Lo que nosotros le decimos a Nación y a la cámara es que lo pongan sobre la mesa. Que muestren los costos reales desde acá hasta San Sebastián, porque eso nos permitiría defender ciertas posturas”, sostuvo.
El dirigente fue enfático al remarcar que “en el continente, en la cadena de comercialización, es donde básicamente sufre la modificación del precio”, con encarecimientos de hasta un 130%. Por eso reclamó a las empresas: “Presenten algo serio para defender esa postura, si no, también terminan alimentando el relato de que la producción fueguina es cara”.
Sobre el desarrollo del conflicto, explicó que en la última reunión vía Zoom se remarcó que los trabajadores no están dispuestos a ceder: “Ya vivimos esto en 2017 y 2018. Fuimos contundentes al decir que los trabajadores no vamos a ceder nada. Ya cedimos. Estamos en deuda, y eso lo pusimos sobre la mesa”.
Respecto del impacto que podría tener la caída de contratos o beneficios hacia fin de año, insistió en que “si no va a haber una normalización inmediata, se debe pedir una prórroga para garantizar todos los puestos de trabajo”.
Finalmente, confirmó que las empresas todavía no están operando con el nuevo régimen de venta directa puerta a puerta establecido en el decreto 334, porque “aún no está reglamentado”. Escobar explicó que una vez publicada la reglamentación, se materializará el modo en que funcionará el nuevo esquema, aunque advirtió que no será sencillo de implementar, sobre todo por cuestiones aduaneras.
“El gobierno dice que quiere proteger la industria, pero si realmente es así, que lo demuestren: no bajen los aranceles”, cerró Escobar.
( EN EL AUDIO LA ENTREVISTA COMPLETA)
() Aire Libre FM 96.3:
