La semana del 2 al 8 de noviembre dejó en evidencia un contraste que ya no admite eufemismos. En Tierra del Fuego la actividad privada se contrae, la industria pierde puestos y el Estado provincial sigue siendo, de lejos, el gran empleador. Ese es el hilo de una semana en la que se conocieron el balance preliminar de 2025, el plan de ajuste en BGH, el arranque del Presupuesto 2027 y los primeros nombres de cara a la próxima elección. No son noticias sueltas: describen una provincia que crece por el lado del gasto y se achica por el lado de la producción.
La economía fueguina se contrajo un 7% en 2025, según el resultado preliminar del Producto Bruto Geográfico elaborado por el IPIEC. La cifra es a precios constantes: mide la caída real de la actividad. La industria manufacturera, que todavía concentra el 33,2% de la estructura productiva —el sector de mayor peso—, retrocedió un 17,6%. La producción de bienes, en conjunto, cayó un 17,61%. Dentro de ese grupo, la explotación de minas y canteras registró la baja más pronunciada, del 25,8%, y la pesca y los servicios conexos retrocedieron un 20,2%. El retrato es nítido: los sectores que generan bienes y empleo privado fueron los que más recularon.
Los servicios, en cambio, crecieron un 3,65%. La administración pública ocupó el 15,6% de la economía provincial y se expandió un 7,9%. La intermediación financiera encabezó las subas, con un 11,8%, y los servicios sociales y de salud aumentaron un 6,7%. En la industria coinciden el mayor peso y una de las caídas más fuertes. El sector que debería generar trabajo privado se achica; el que vive del presupuesto, se agranda.
Ese desequilibrio se ve con más claridad en los números de empleo. Tierra del Fuego volvió a liderar el ranking nacional de empleo público provincial, con 139,7 cargos remunerados cada 1.000 habitantes al 31 de diciembre de 2025, casi el triple del promedio nacional de 49,8. El dato, del Ministerio de Economía, mide solo la planta provincial no financiera: no incluye municipios, empresas del Estado ni personal nacional radicado en el distrito. En 2020 la provincia tenía 113,8 cargos cada mil habitantes. En cinco años esa dotación subió 22,8%. El pico de la serie reciente fue 2024, con 142,0; en 2025 hubo una baja leve del 1,6%, insuficiente para salir del primer puesto. Mientras Nación, bajo la gestión de Javier Milei, avanza en ordenar su propia planta, la provincia de Gustavo Melella sostiene una administración que crece más rápido que la población y que el empleo privado.
En Río Grande, el contraste dejó de ser estadístico y pasó a las fábricas. BGH comunicó a los delegados un plan para desafectar unos 250 trabajadores sobre una plantilla de cerca de 600, más del 40% de esa fábrica. La empresa fundamentó la medida en cambios en los procesos de fabricación proyectados para el 15 de diciembre, y habilitó un registro de retiros voluntarios con indemnizaciones en una a cinco cuotas, según la antigüedad. No quedó precisado qué ocurrirá si los adherentes no alcanzan la cifra pretendida. La UOM, con Oscar Martínez a la cabeza, no avaló ese plan. El dirigente admitió que en las reuniones se mencionó la cifra de alrededor de 250 puestos, pero negó que la baja esté cerrada y pidió extender el acuerdo de estabilidad laboral vigente hasta el 31 de diciembre, al menos hasta febrero de 2027. Hay una planta privada que proyecta achicar casi la mitad de su dotación y un Estado que sigue siendo el gran empleador. Sin competitividad y sin costos alineados al mercado, el polo electrónico queda expuesto a cada ciclo de ajuste.
Esa tensión también llegó a las cuentas públicas. El tratamiento del Presupuesto 2027 arrancó en la Comisión de Presupuesto y el Ejecutivo no descarta emitir letras para cubrir el déficit. La legisladora Victoria Vuoto recordó que este año la provincia funciona con un presupuesto reconducido. Según relató, el ministro Alejandro Barrozo habló de un desequilibrio de 100.000 millones de pesos, de los que 60.000 millones podrían reducirse con una revisión de la ley tarifaria y 40.000 millones necesitarían financiamiento. Vuoto advirtió que emitir letras exige autorización de la Legislatura y de Nación, que se evalúa el cumplimiento del Pacto Fiscal, y que hay que ver si existe demanda en el mercado. Al mismo tiempo, reconoció un pico de asistencia alimentaria que no estaba previsto: más de 14.000 familias en la provincia y 9.000 en Río Grande, el doble en un año en esa ciudad, según lo que la ministra Lucía Rossi expuso en comisión. Un Estado grande no es, por sí solo, un Estado que llega.
En la Legislatura, la semana empezó con una sesión especial para tratar el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y con un paro provincial del SUTEF, con movilizaciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, después de que se retirara el trámite de urgencia. El gremio apunta a que el proyecto incorpore recursos de Ingresos Brutos del Banco de Tierra del Fuego y de Camuzzi. Vuoto sostuvo que la iniciativa no contempla nuevos impuestos y que su destinatario es la comunidad educativa. El debate quedó abierto: las fuentes de esta semana no registran un desenlace votado.
Con ese telón de fondo, la carrera hacia 2027 empezó a ordenar nombres. La Libertad Avanza discute entre Agustín Coto y Santiago Pauli, todavía sin definir quién encabezará la propuesta provincial. Walter Vuoto reúne respaldos en el PJ para una eventual postulación a la Gobernación. Gustavo Ventura, por el Partido Arraigo y Renovación, y Jorge Lechman, por Somos Fueguinos, ya hicieron pública su intención. En Río Grande circula la posibilidad, no confirmada por el gobernador, de que Melella vuelva a competir por la Intendencia. En Ushuaia, Victoria Vuoto confirmó que, si hay internas justicialistas para la intendencia, va a participar. El tablero todavía está lleno de indefiniciones, pero dejó de estar vacío.
Fuera de la coyuntura fiscal, la semana también dejó una definición soberana. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó audiencias para el 10 y el 11 de noviembre en la causa de Argentina contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. El 13 de octubre el país pidió medidas provisionales para preservar derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir el proyecto Sea Lion en la Cuenca Norte de Malvinas. Es la primera vez que Argentina acude a ese tribunal con ese objeto. El TIDM no resuelve disputas de soberanía territorial, pero sí puede expedirse sobre la explotación unilateral de recursos en áreas en controversia. En una provincia que tiene a las islas en el nombre y en la historia, esa causa no es un trámite lejano: es la defensa de lo que nos pertenece.
En Ushuaia, Protección Civil anticipó el simulacro de sismo y tsunami del 11 de noviembre, en tres turnos escolares, con zonas de evacuación y una plataforma para que los vecinos conozcan si están en el perímetro. ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre, que arranca el 9 y se extiende hasta el 30, e incluye un bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Siguió la XXIX Feria Provincial del Libro «Mensajero del río», con la presentación de Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti en Ushuaia y Río Grande, y se anunció una campaña de prevención del cáncer de próstata a partir del 16 de noviembre, con 100 cupos para consultas urológicas. En los tribunales, el acusado de intentar raptar a una nena de 12 años cerca del CIEU se negó a declarar y siguió detenido. También llegó la previa del juicio oral por el crimen de Alberto Scariot, ocurrido en noviembre de 2025 en el barrio Los Cisnes de Río Grande, con su hermana pidiendo prisión perpetua.
La mirada de miTDF
El dato de 139,7 cargos provinciales cada mil habitantes no es un agravio a los trabajadores estatales. Es un diagnóstico de escala. Un Estado que crece más rápido que la población y que el empleo privado termina financiándose con presión fiscal, coparticipación y, ahora, con la eventual emisión de letras. Bajo el gobierno de Melella, la provincia lidera el ranking de empleo público sin que ese tamaño se traduzca, por sí solo, en mejores servicios: la planta no mide la calidad educativa, sanitaria ni de seguridad. El PBG de 2025 y el plan de BGH en Río Grande muestran la otra cara de la misma moneda. Ordenar el Estado no es un castigo: es darle aire al privado. Sin industria, sin inversión y sin reglas claras, el empleo público se convierte en el único refugio y, al mismo tiempo, en el techo del desarrollo fueguino.
El conflicto de BGH no se resuelve con consignas. Hay una fábrica que proyecta achicar casi la mitad de su dotación y un gremio que defiende fuentes de trabajo. Ambas cosas pueden ser verdaderas a la vez. El trasfondo es la pérdida de competitividad del polo electrónico. Preservar empleo industrial exige costos alineados al mercado y previsibilidad, no solo asambleas ni un registro de retiros en cuotas. La cifra de alrededor de 250 puestos sigue siendo la que la empresa puso sobre la mesa; lo que falta es una salida que no sea el goteo de desvinculaciones ni la postergación del problema hasta febrero. El mismo criterio vale para el Presupuesto 2027: un déficit de 100.000 millones de pesos y una asistencia alimentaria que se duplicó en Río Grande no se corrigen emitiendo letras si no se discute, con honestidad, el tamaño y las prioridades del Estado.
Cierre
La semana que cerró el 8 de noviembre no cambió el rumbo de la provincia, pero lo volvió imposible de ignorar. La economía se contrajo, la industria recortó y el Estado no se achicó. En paralelo, la Argentina fue a defender sus derechos sobre la plataforma continental de Malvinas, Ushuaia se preparó para un simulacro de tsunami y la vida cotidiana —la feria del libro, los jubilados, una campaña de salud, dos causas judiciales sensibles— siguió su curso. El hilo es el mismo: una comunidad que produce menos y un Estado que promete más. La pregunta que queda no es retórica. Es de gobierno.
Para seguir la semana que viene
- El pulso entre BGH y la UOM por los retiros voluntarios y por extender la estabilidad laboral más allá del 31 de diciembre.
- El debate del Presupuesto 2027 y de las letras para cubrir el déficit, todavía en comisión, con sesiones ordinarias habilitadas hasta el 15 de diciembre.
- La campaña de prevención del cáncer de próstata, que comienza el 16 de noviembre con cupos limitados.
