El Colegio de Abogados de Río Grande se prepara para renovar sus autoridades en medio de un escenario complejo para el ejercicio de la profesión. Los cuestionamientos a la regulación de honorarios, las dificultades para acceder a capacitaciones y las consecuencias del prolongado conflicto judicial forman parte de las principales preocupaciones de los matriculados.
En ese contexto, la abogada Violeta Roxana Coronel se convirtió en la primera mujer en postularse a la presidencia de la institución, al frente de la Lista 2 “Integración y Compromiso”, con una propuesta centrada en la defensa del ejercicio profesional, la participación de los matriculados y el fortalecimiento de los servicios que brinda el Colegio.
“Lo que proponemos es un cambio, continuar con lo que se hizo bien y ampliarlo”, sostuvo la candidata, quien planteó la necesidad de construir un Colegio más abierto, que atienda las dificultades cotidianas de los abogados y acompañe especialmente a quienes recién comienzan a ejercer.
Entre los principales ejes de su plataforma aparecen la defensa de los honorarios, la formación permanente, la puesta en funcionamiento de registros profesionales pendientes y la implementación de mecanismos que permitan ampliar la participación de los matriculados en la vida institucional.
Reducción de los honorarios profesionales
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Coronel apunta a la forma en que los tribunales provinciales vienen aplicando la ley de honorarios, que establece las pautas para determinar la remuneración de los abogados a través del sistema de IUS, una unidad de referencia cuyo valor se actualiza periódicamente.
Según explicó, durante el último año comenzaron a registrarse decisiones judiciales que reducen considerablemente los montos que corresponden por las tareas realizadas.
“Está reglamentado pero no se está respetando. Hoy por hoy no solamente están disminuyendo, incluso están fraccionando los IUS”, advirtió.
Para ejemplificar la situación, mencionó casos en los que varios procesos judiciales que anteriormente tenían una regulación individual de honorarios ahora son considerados de manera conjunta. De esta forma, explicó, cuatro expedientes por los que podrían corresponder aproximadamente 20 IUS cada uno terminan regulándose con esa misma cantidad para la totalidad de las actuaciones.
A su entender, esta práctica resulta “exactamente contraria a lo que establece la ley de honorarios”.
La candidata también cuestionó decisiones del Superior Tribunal de Justicia que modifican la imposición de costas y establecen que sean afrontadas por su orden, lo que implica que cada parte se haga cargo de sus propios gastos y honorarios.
Frente a este escenario, la Lista 2 propone crear una Comisión de Defensa de los Honorarios y la Dignidad Profesional, integrada por especialistas de los fueros de familia, penal y laboral, que permita brindar asesoramiento a los matriculados e impulsar acciones institucionales para exigir el cumplimiento de la normativa vigente.
“Tenemos una ley de honorarios que no se respeta, no se cumple, y necesitamos que se revierta y vuelva, como en los años anteriores, a que se cumpla”, reclamó.
Capacitación y registros profesionales pendientes
Otro de los puntos centrales de la propuesta es ampliar las oportunidades de formación y avanzar en la implementación de herramientas que permitan diversificar el ejercicio profesional.
Coronel se refirió particularmente al Registro Único de Mediadores, cuya puesta en funcionamiento continúa pendiente en Tierra del Fuego, pese a que numerosos abogados ya cuentan con formación específica en la materia.
“Hay otras provincias, por ejemplo, Tucumán, que hace 30 años ya tienen un Registro de Mediadores, y nosotros todavía no lo tenemos”, comparó.
Explicó que la implementación del registro también exigirá garantizar una oferta permanente de capacitación, debido a que los profesionales deberán acreditar anualmente una determinada cantidad de horas de formación para conservar su inscripción.
En ese sentido, consideró que el Colegio debe asumir un papel activo para facilitar el acceso a esos cursos y acompañar el desarrollo de nuevas especialidades.
La plataforma contempla además impulsar la creación del Registro de Abogados del Niño, otra herramienta que, según señaló, todavía no se encuentra operativa en la provincia.
La participación de los profesionales en las elecciones constituye otro de los aspectos que la candidata busca modificar.
De acuerdo con los datos que maneja su espacio, de aproximadamente mil abogados inscriptos en el Colegio de Río Grande, apenas 450 se encontrarían en condiciones de participar de los comicios.
Coronel explicó que dentro de ese universo existen profesionales con matrículas suspendidas y otros que se inscriben únicamente para intervenir en causas puntuales. Sin embargo, señaló que una parte importante de quienes no pueden votar mantiene deudas vinculadas al pago de la matrícula.
“No es que no pueden participar porque tienen alguna sanción o alguna imposibilidad”, aclaró.
En este punto, cuestionó que las facilidades de pago no hayan estado disponibles de manera permanente ni se hayan comunicado a todos los profesionales en igualdad de condiciones.
“Generalmente los planes de pago aparecen un mes antes de las elecciones”, señaló. Y agregó que hubo colegas que intentaron regularizar su situación meses atrás, pero no encontraron alternativas para hacerlo.
La propuesta de su lista consiste en establecer planes de pago durante todo el año, con criterios accesibles para todos los matriculados, de modo que puedan ponerse al día y recuperar sus derechos de participación institucional.
“La idea es que todos puedan participar, que no queden excluidos”, sostuvo.
La candidata también puso especial énfasis en las dificultades que enfrentan los profesionales durante sus primeros años de ejercicio.
Según explicó, muchos abogados egresan de la universidad con una sólida formación teórica, pero sin el acompañamiento necesario para afrontar sus primeras actuaciones ante los tribunales.
“Hoy salen los recién recibidos y no cuentan con una orientación”, señaló.
Para atender esa situación, la Lista 2 propone conformar una comisión de abogados jóvenes que funcione como espacio de consulta y acompañamiento para los nuevos matriculados, especialmente en la elaboración de escritos judiciales, la presentación de demandas y la participación en audiencias.
La intención es que puedan contar con el respaldo de colegas con mayor experiencia durante sus primeras intervenciones profesionales.
“De la capacitación y la formación que tenga el abogado también depende el servicio que le va a dar a la comunidad”, remarcó Coronel, al vincular la formación profesional con la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Conflicto judicial
La candidata también se pronunció sobre la prolongada conflictividad que atraviesa al Poder Judicial fueguino y sus consecuencias sobre la actividad de los abogados y el acceso a la Justicia.
“Hoy la Justicia está en su fase crítica, creo que una de las más largas y extensas”, afirmó.
Coronel advirtió que las medidas de fuerza, las demoras en la tramitación de expedientes y las dificultades para sostener el funcionamiento habitual de los tribunales afectan directamente tanto a los profesionales como a las personas que esperan una respuesta judicial.
Si bien reconoció la legitimidad de los reclamos laborales, cuestionó con dureza la falta de respuestas por parte de las máximas autoridades judiciales.
“Entendemos el reclamo de los trabajadores, el reclamo es justo y legítimo. Lo que no entendemos es cómo la máxima autoridad es incapaz de resolverlo, está incapacitada y muda, y no da ninguna solución”, expresó.
De esta manera, Coronel consideró necesario que el Colegio tenga una participación más activa frente a los problemas que condicionan el ejercicio de la abogacía, sin perder de vista las consecuencias que las demoras judiciales generan sobre la comunidad.
Quiénes integran la Lista 2 “Integración y Compromiso”
La nómina que acompaña la candidatura de Violeta Roxana Coronel está conformada por profesionales que aspiran a ocupar los distintos cargos de conducción y representación institucional.
Comisión Directiva
Presidenta: Violeta Roxana Coronel.
Vicepresidente: Pablo Matías Gamboa.
Secretaria: Gretel Carolina Grava.
Tesorera: Nelly Tomasa López.
Vocales titulares: Ana Laura Sánchez Santos, Karina Soledad Burgos y Bruno Franco Romano.
Vocales suplentes: Camila Luana Hoyos, Walter G. Garay Schön y Emma L. Mattoras.
Tribunal de Ética y Disciplina
Titulares: Guillermo Horacio Aramburu, Mariángeles Arroyo y Paulina Ordoñez.
Suplentes: Verónica R. Muchnik, Antonella Yanina Sonetti y Mariano Corini.
Con esta propuesta, Coronel buscará conducir el Colegio de Abogados de Río Grande y abrir una nueva etapa institucional, con especial atención a la defensa de los honorarios, la formación profesional y la incorporación de más matriculados a las decisiones de la entidad.
