Villegas sostuvo que el puerto y los recursos que genera “pertenecen a los fueguinos”, tanto en lo referido a su gestión y administración como a los fondos que se obtienen por tasas, derechos y contribuciones por los servicios portuarios.
“El Puerto de Ushuaia es de los fueguinos, y también lo son su gestión, su administración y los recursos que se obtienen por los servicios portuarios. Las autoridades nacionales no tienen atribuciones para intervenir el puerto ni para quedarse con nuestros recursos”, afirmó.
El legislador aclaró expresamente que su postura no implica avalar ni defender la gestión del gobierno provincial ni de las actuales autoridades de la Dirección Provincial de Puertos, y recordó que mantiene diferencias y críticas públicas desde hace años tanto con el gobernador Gustavo Melella como con la conducción del organismo portuario.
Asimismo, señaló que su posición tampoco implica desconocer falencias en la infraestructura física del puerto ni eventuales irregularidades administrativas, pero remarcó que ninguna de esas situaciones justifica, a su entender, una intervención nacional que vulnere la autonomía provincial.
“La institucionalidad, las instituciones de Tierra del Fuego y el Estado democrático de derecho se defienden siempre, no sólo cuando al gobernador le conviene”, subrayó.
En ese marco, Villegas defendió la plena validez y constitucionalidad de la Ley Provincial N° 1596, que establece la afectación extraordinaria de recursos de la Dirección Provincial de Puertos a favor de la OSEF, y recordó que fue sancionada en ejercicio de atribuciones reconocidas por la Constitución provincial.
Asimismo, cuestionó al gobernador por criticar dicha norma y, según señaló, “legitimando en cierto modo observaciones efectuadas por organismos nacionales”, al tiempo que consideró “absurdo” que la validez de una ley dependa de la interpretación de funcionarios nacionales o provinciales.
Villegas calificó la situación como de “gravedad institucional” y sostuvo que debe ser abordada mediante el diálogo con las máximas autoridades nacionales, incluido el Presidente de la Nación, pero también “con firmeza en los estrados judiciales competentes”.
Finalmente, instó al gobernador Melella a instruir al Fiscal de Estado para que inicie acciones legales en defensa del patrimonio de Tierra del Fuego, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 167 de la Constitución provincial.
