Tierra del Fuego Foto

Un trabajo del centro de investigación 'Fundar' propone cambiar el régimen en Tierra del Fuego

La propuesta estipula un plan a 11 años que pase de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que generen. Entre las razones sostienen que el régimen "no suma valor agregado y cuesta más de USD 1.000 millones por año".

19640 Noticias

El centro académico 'Fundar', una organización dedicada a la investigación y el diseño de políticas públicas, realizó un balance sobre los logros y limitaciones de la política industrial y señaló una serie de medidas para "cambiar y mejorar" el régimen de promoción industrial.

La propuesta se realizó a través de una serie de documentos con el nombre de “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”. Según el informe, el subrégimen industrial genera un costo fiscal anual de USD 1.070 millones. "Hay que poner la plata en sectores que generen valor real y sustentabilidad”, señalaron.Como medida principal para reformular el subrégimen industrial, estipulan pasar de premiar la facturación de las empresas a premiar el valor agregado que se genera en el país ya que, desde Fundar, consideran que si bien el régimen logró sus objetivos geopolíticos de crecimiento poblacional, no pudo “desarrollar un conjunto de actividades industriales que sean económicamente sustentables en ausencia de los beneficios que se le conceden”.El cambio en el esquema de incentivos fiscales propuesto hay dos elementos centrales de implementación gradual. El primero pasa de otorgar el crédito fiscal por IVA tomando como base el volumen de ventas a otorgarlo tomando como base la porción de valor agregado en el país (la importación de insumos pasaría a pagar IVA). El segundo, determina comenzar a cobrar el arancel a los insumos importados establecido en el nomenclador aduanero, así como la tasa de estadística general del 3% que se cobra a toda importación, por lo que se removería la exención hoy existente.“El llamado ‘subrégimen industrial’ no sólo no ha logrado promover actividades sustentables, sino que, para expandirse hacia nuevas actividades —particularmente el ensamble de teléfonos celulares—, ha requerido incluso resignar criterios de agregación mínima de valor, parte del espíritu original de la Ley 19.640. La ausencia de un progreso claro en el camino de la autosustentabilidad se contrapone con la presencia de un significativo costo fiscal (0,22% del PBI) para el sostenimiento económico de las actividades existentes”, detalla el documento.“Este régimen es la manifestación más clara de lo que no se está haciendo bien en términos de política productiva en el país. Fondos puestos en algo que no funciona. Nuestro análisis se basó en celulares, televisores y aires acondicionados. Celulares es lo que más costo fiscal genera y es puro ensamble. En 11 años se dejaría de ensamblar y se iría a un modelo importador. Hoy se importan kits que cuestan 100, por poner un número, y el teléfono terminado también vale 100", señalaron.