Un juez pide “alternativas no penalizantes” y el traslado de reclusos ante la crisis carcelaria en la provincia

El fallo del juez de Ejecución de Ushuaia, conocido por polémicos beneficios a presos, conmina al Gobierno Provincial a traslados de internos en situación de “hacinamiento” en el pabellón 1 de la alcaidía central y a presentar en 30 meses un inicio de obra de una sede carcelaria en Ushuaia. Asimismo propone a sus colegas a “alternativas no penalizantes en los casos que pueda evitarse la privación de la libertad”.

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Un juez pide “alternativas no penalizantes” y el traslado de reclusos ante la crisis carcelaria en la provincia
El fallo del juez Manuel Isidoro López responde al habeas corpus colectivo impulsado por el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura que integran legisladores, el Poder Judicial y organizaciones de Derechos Humanos.En ese mismo plantearon su preocupación por “riesgo de derrumbe”, “hacinamiento de los lugares de detención”, reclamando el establecimiento de “cupos” para cada lugar de detención.EL fallo judicial tras los estudios técnicos realizados rechazó al Comité cualquier posibilidad de “riesgo de derrumbe” así como el establecimiento de “cupos”, haciendo lugar a la posibilidad de traslados de reclusos desde el Pabellón N°1 de la Alcaidia Central, en la ciudad de Ushuaia, donde la situación es mas precaria.Ante ello el juez estableció un plazo de 180 días para que el Servicio Penitenciario reubique presos de este sector a fin de cumplir con estándares mínimos de comodidad en los alojamientos, así como con la prestación de servicios mínimos como la calefacción y ventilación adecuadas. En ese sentido estableció una fecha de monitoreo del trabajo a realizar el 10 de febrero próximo, con miras a cumplir ese plazo de traslados y obras en abril próximo.Asimismo el falo exhorta al Gobierno Provincial para que en un plazo de treinta meses –para el 10 de mayo de 2027, tenga en inicio de obra un edificio para el alojamiento de personas privadas de la libertad, reclamando a los demás poderes del Estado colaborar y brindar las herramientas necesarias a tal fin.Finalmente una solicitud polémica del magistrado interviniente hacia sus pares de instrucción y Tribunales de Juicio, “la utilización de alternativas no penalizantes en los casos que pueda evitarse la privación de la libertad”.

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