El secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, salió a responder a la controversia por el domicilio procesal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que había declarado ante la Justicia una dirección coincidente con la que la propia Municipalidad publicaba para su Secretaría de Turismo. En su descargo, además de rechazar cualquier vinculación de la gestión municipal con la intervención nacional, dejó una definición política sobre el conflicto.
“El puerto es de los fueguinos y tiene que seguir siéndolo, al servicio de la economía de la ciudad. Que se sienten a resolverlo los que tienen la responsabilidad de hacerlo”, sostuvo.
La afirmación reconoce la pertenencia provincial de la terminal, pero también establece que la solución debe quedar en manos de las autoridades directamente involucradas. Una distinción que, en términos administrativos, tiene fundamento: la Municipalidad de Ushuaia no dispuso la intervención y tampoco tiene facultades para dejarla sin efecto.
Sin embargo, la propia gestión de Walter Vuoto ofrece un antecedente que permite analizar esa posición desde otra perspectiva.
Cuando los trabajadores de Aires del Sur, en Río Grande, atravesaron el conflicto por la continuidad de sus puestos laborales, el intendente de Ushuaia no se limitó a señalar quiénes tenían la obligación de resolverlo. Se trasladó a Río Grande, expresó públicamente su acompañamiento y reclamó una solución para las familias afectadas.
El Partido Justicialista fueguino, que preside Vuoto, también aportó una camioneta cero kilómetro para que los trabajadores organizaran un sorteo destinado a recaudar fondos.
Ni el futuro de la fábrica ni la resolución de aquel conflicto estaban bajo la competencia de la Municipalidad de Ushuaia. Eso no impidió que el jefe comunal asumiera un papel político activo.
Con el Puerto de Ushuaia ocurre algo diferente. La intervención nacional lleva casi diez meses, mantiene a trabajadores apartados de sus funciones habituales y afecta a una infraestructura central para el turismo, el comercio y la actividad económica de la propia ciudad que gobierna Vuoto.
Y son precisamente los trabajadores quienes vienen señalando la diferencia.
“Se pronunció por los trabajadores de Mirgor y Aires del Sur en Río Grande. Fue hasta Río Grande, pero jamás se pronunció por la intervención del puerto de Ushuaia. Y tampoco visitó a los trabajadores. O sea, un silencio absoluto”, sostuvo recientemente uno de los portuarios durante una entrevista televisiva.
El cuestionamiento no se refiere a la capacidad del intendente para resolver administrativamente el conflicto, sino al acompañamiento público que los trabajadores consideran que no han recibido.
Posicionamiento político pero en otros casos
Las declaraciones de Iriarte surgieron después de que se conociera que ANPyN había fijado domicilio procesal en Prefectura Naval Argentina 470, numeración que figuraba en publicaciones oficiales de la Municipalidad vinculadas a la Secretaría de Turismo.
El funcionario rechazó cualquier relación municipal con la intervención y difundió un certificado que identifica a la dependencia turística con el número 475. Esa es también la dirección que aparece ahora en la página web del área, aunque llamativamente hasta ayer la dirección que se difundia en la web era 470 y hoy el numero cambió.
“Qué enorme esfuerzo están haciendo para vincularnos con la intervención del puerto, che”, escribió Iriarte, quien también cuestionó a quienes difundieron la información.
La documentación presentada por el Municipio respalda el número 475 y la coincidencia de direcciones no acredita, por sí sola, ningún vínculo con la intervención nacional.
Pero la respuesta del secretario de Gobierno introdujo otro aspecto del debate. Al sostener que el puerto debe seguir siendo de los fueguinos, aunque su conflicto deba ser resuelto por quienes tienen responsabilidad directa, Iriarte fijó una posición que merece ser examinada a la luz de la actuación política del propio oficialismo municipal.
No es necesario tener jurisdicción sobre una fábrica para acompañar a sus trabajadores, como quedó demostrado con Aires del Sur. Del mismo modo, carecer de competencia sobre la administración portuaria no impide expresar respaldo institucional a quienes reclaman la restitución del Puerto de Ushuaia a la Provincia.
La responsabilidad de poner fin a la intervención corresponde a las autoridades nacionales y a las instancias administrativas y judiciales involucradas. La decisión de acompañar públicamente ese reclamo pertenece a otro plano: el político.
En Aires del Sur, Vuoto eligió involucrarse. Frente a la intervención del puerto de su propia ciudad, hace silencio y sus trabajadores siguen reclamándole una presencia similar.
