La Norma sancionada declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de un año. La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios pediátricos, fortalecer los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial. También establece la recomposición salarial del personal de salud, incluyendo residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023.
La ley reconoce al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad pediátrica, garantizando su funcionamiento pleno. El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de reasignar partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente y podrá ampliar recursos mediante reservas sanitarias. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, encargado de reglamentar la norma.
Para supervisar el cumplimiento de la ley, se creó una comisión conformada por representantes legislativos, del Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría. Esta comisión deberá emitir informes públicos trimestrales. Durante el período de emergencia, los programas de salud infantil tendrán prioridad presupuestaria, especialmente en áreas críticas como neonatología, urgencias y oncología pediátrica.
