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“Ley Ómnibus”: El derecho de los argentinos a un ambiente sano está puesto en jaque, según organizaciones
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…” Así lo indica el artículo 41 de la constitución nacional, citado en una carta firmada por más de 100 organizaciones ambientales, que fue enviada el pasado viernes a diputados. Las organizaciones expresan una seria preocupación por las medidas contenidas en la propuesta legislativa conocida como “Ley Ómnibus”, que atentaría contra el cumplimiento de este y otros artículos de la constitución y, que según expertos, vulnera seriamente al segundo tratado multilateral de alcance universal que más ratificaciones tiene en la comunidad internacional.“Estamos en la génesis de un retroceso ambiental inminente. Debemos ir hacia adelante en favor de la protección y conservación, no hacia atrás” considera Martina Sasso, cofundadora y directora de la fundación de conservación marina Por El Mar (PEM), quien opina que la conservación marina es fundamental para un desarrollo económico sostenible en el largo plazo. “Es fundamental mantener saludable el medio ambiente marino, de manera que el bienestar de los recursos naturales simbolice el desarrollo de la gente y la protección de las necesidades de las generaciones futuras” agrega.Uno de los puntos que generó mayor controversia fueron las modificaciones al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922). En un análisis realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) se indica que el mecanismo de licitación internacional de cuotas para pesquerías históricas propuesto en la “Ley Ómnibus” no es utilizado en “ningún país del mundo” y que “quien la aplicó (Chile) perdió 3 especies, hoy extintas de su caladero.” A su vez, respecto del objetivo de aumentar las exportaciones del Sector Pesquero, que cimenta las modificaciones en la ley, el análisis presentado indica que “El sector realiza capturas del orden de las 800 mil toneladas anuales en función a la Captura Máxima Permisible establecidas por el Consejo Federal Pesquero en base a las recomendaciones que realiza el INIDEP.” Estas recomendaciones apuntan a evitar, precisamente, el agotamiento de las pesquerías.Para Sasso, el DNU y la “Ley Ómnibus” presentados por el presidente Javier Milei “viene a quebrar una estructura jurídica protectora cuya cimentación nos llevó años de esfuerzos y dedicación”, y agrega que si bien la regulación actual “es perfectible” existen otros modelos liberales que se pueden tomar como ejemplares, y que “garantizan el desarrollo económico nacional y la sustentabilidad de las pesquerías y los ecosistemas a largo plazo.”Los gobernadores de las provincias patagónicas Alberto Weretilneck de Río Negro, Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa de Neuquén, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Claudio Vidal de Santa Cruz e Ignacio Torres de Chubut también se pronunciaron en contra de las modificaciones a la ley de pesca propuestas en el proyecto. Melella por su parte señaló que las modificaciones al Régimen Federal de Pesca “no hacen otra cosa que atentar contra los intereses de nuestro país y nuestra provincia” y agrega que la nueva regulación del sector es únicamente funcional a “grandes empresas extranjeras que vienen a depredar nuestros recursos”.Los gobernadores fueron recibidos por el Ministro del Interior Guillermo Francos respecto de este reclamo, con especial énfasis en la garantía de la soberanía de las 200 millas marítimas y el gobernador de Chubut aseguró tras este encuentro que “en la redacción va quedar claro que no se va comprometer la soberanía”. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni indicó en días posteriores que las preocupaciones se debían a una “mala interpretación” y sostuvo que el ministro Francos se había encargado de despejar las dudas, pero agregó “No estamos en principio dispuestos a cambiarla (al proyecto), porque consideramos que es parte de lo que queremos para la Argentina“.Al respecto, Alejandro Canio, abogado en Derecho Internacional especializado en Administración de Espacios Marítimos fue consultado acerca del alcance de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo. Para Canio, al igual que para los gobernadores patagónicos que expresaron su preocupación, el proyecto propuesto por La Libertad Avanza se propone abrir implícitamente la Zona Económica Exclusiva, espacio en el que, la República Argentina, ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales.“La derogación del actual artículo 25 (con el cual se elimina la obligación de desembarcar en puertos argentinos) y la modificación del artículo 26 son una muestra palmaria de una manifiesta intencionalidad de abrir la Zona Económica Exclusiva a empresas extranjeras.” delata Alejandro. Estas modificaciones “distorsionan la naturaleza de blindaje soberano” que le dio sentido a la ZEE, y que es reconocida por la comunidad internacional a través de la CONVEMAR, tratado del que forman parte 169 estados.Esa vulneración del ejercicio de la soberanía, es justamente uno de los puntos que atenta contra la conservación del ambiente marino, ya que es necesario el ejercicio de la soberanía articulado con planes de manejo y fiscalización adecuados para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas y de los recursos naturales. Al respecto, las ONGs expresan en su carta que derogar la obligatoriedad de desembarcar la producción en muelles argentinos habilitando los transbordos en alta mar o la descarga en otros puertos “puede afectar la transparencia y la trazabilidad de la pesca.” Estas modificaciones pueden tener un impacto negativo en la inserción de la industria pesquera argentina en los mercados internacionales ya que, según indican “existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Para esos estándares internacionales que han sido adoptados por Europa y Estados Unidos, una decisión como la eliminación del artículo 25 de la Ley 24.922 o las varias medidas de desregulación en los controles sobre la actividad en aguas de jurisdicción nacional provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados.”El documento presentado por las ONGs fue firmado por más de 100 organizaciones ambientales, entre ellas Aves Argentinas, Banco de Bosques, FARN, WCS, FPN, Temaiken, FIBO, Humedales, ACEN, FNGA, Club de Roma, Fundación Yuchan, Natura Argentina, Fundación Vida Silvestre, AVINA, Fundación Biodiversidad, Jóvenes por el clima, Ecohouse, Por el Mar.En el mismo, las organizaciones expresan “nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley” entendiendo que “suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina.” Por este motivo, solicitan la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del proyecto.Y agregan: “Es importante destacar que la legislación ambiental vigente se ha desarrollado conforme mandatos de la Ley General del Ambiente y respetando procesos participativos que han involucrado a los más diversos sectores sociales.”El proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" se comenzará a tratar este martes 9 de enero en la Cámara Baja del Congreso Nacional en un plenario de comisiones de carácter informativo por lo que se descarta, en principio, que pueda haber dictamen en alguna de las comisiones convocadas hasta el momento.
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