l Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat cedió al Gobierno de Tierra del Fuego derechos de cobro contra el Estado nacional por $4.970.226.415,92, vinculados a obras habitacionales del programa Casa Propia. Como contraprestación, la Provincia canceló obligaciones del organismo por $1.892.429.317,62, originadas en convenios de asistencia financiera reintegrable.
La operación fue instrumentada mediante un convenio firmado el 2 de octubre por el ministro de Economía, Alejandro Agustín Barrozo Marte, y la presidenta del IPVyH, Laura Malvina Montes.
El objetivo del acuerdo es permitir que la Provincia haga valer esos créditos ante Nación dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mientras el Instituto regulariza sus deudas con el Tesoro provincial.
Uno de los puntos centrales es la diferencia entre los montos intercambiados. El valor nominal de las acreencias cedidas supera en $3.077.797.098,30 las obligaciones canceladas. La cláusula cuarta establece expresamente que el IPV no conservará derecho a reclamar a la Provincia diferencias, saldos, compensaciones adicionales, restituciones ni otra contraprestación por ese mayor valor.
La cesión tiene carácter total, definitivo e irrevocable entre las partes. El Instituto también se compromete a aportar la documentación y prestar la colaboración necesaria para instrumentarla.
El anexo de acreencias comprende once ítems correspondientes a convenios nacionales de 2022. Incluye distintos renglones de obras de 42, 54 y 72 viviendas en Ushuaia; proyectos de 84 y 120 viviendas en Río Grande, y una intervención del programa Casa Activa, con viviendas y espacios comunes en la capital provincial.
Por su parte, las obligaciones extinguidas provienen de tres asistencias financieras reintegrables y sus respectivas adendas. La mayor corresponde al convenio 23.614/23, con un saldo de capital original de $1.266.964.615,85. Le siguen el convenio 24.009/23, por $614.299.210,94, y el 17.974/17, por $11.165.490,83.
La posibilidad de utilizar acreencias de vivienda para compensar deuda provincial tiene antecedentes. En junio de 2025, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, informó que negociaba con la Secretaría de Hacienda nacional la incorporación de certificados de obras impagos al régimen de extinción de obligaciones. En aquella oportunidad describió una alternativa que permitiría destinar al IPV recursos que la Provincia debía utilizar para pagar deuda pública.
También existían reclamos del organismo por demoras en el financiamiento. En febrero de 2025, Montes había señalado que el Instituto esperaba desembolsos de un acuerdo de financiamiento mixto firmado en 2024 y que había presentado rendiciones por alrededor de $2.000 millones sin obtener su reintegro. Según explicó entonces, algunas obras se habían retomado con recursos propios y del Fondo Nacional de la Vivienda, adecuando los plazos a la disponibilidad financiera.
El marco nacional para estas operaciones fue creado por el Decreto 969/2024. El régimen permite extinguir total o parcialmente obligaciones recíprocas entre Nación y las provincias mediante la determinación de los créditos y deudas y la firma de acuerdos bilaterales.
