La Legislatura aprobó una ley para regularizar las chacras de la Margen Sur de Río Grande

La aprobación de una nueva ley en la Legislatura de Tierra del Fuego permitirá avanzar con el proceso de expropiación del macizo 67, ubicado en la zona de chacras de la Margen Sur de Río Grande, donde residen más de 100 familias. El secretario de Representación Política del Gobierno provincial, Federico Giménez, destacó la importancia de la decisión y explicó que ahora comenzará una etapa de relevamientos, tasación de terrenos y reglamentación para avanzar hacia la regularización de las tierras. El funcionario recordó que muchas de las familias se encuentran asentadas en el sector desde hace décadas y que algunas llegaron durante 1985, cuando la zona prácticamente no contaba con infraestructura. Con el paso de los años, los propios vecinos fueron abriendo caminos, desarrollando actividades productivas y realizando inversiones para mejorar las condiciones del lugar. “Cuando llegaron a esos macizos eran puro baldío, no solamente hicieron calles sino llegaron los servicios. Así que la verdad están muy contentos porque fueron muchos años de espera”, expresó Giménez. El secretario explicó que el macizo 67 había quedado fuera de la Ley 1287 debido a inconvenientes legales relacionados con la titularidad de los terrenos. La nueva normativa permite incorporar ese sector al proceso de regularización mediante su declaración de utilidad pública. “Hoy por suerte pudimos aprovechar a hacer una ley propia para que este macizo esté declarado como utilidad pública”, señaló, y aclaró que esta decisión brinda al Ejecutivo provincial la posibilidad de avanzar con la expropiación. Sin embargo, advirtió que la aprobación legislativa no implica una solución inmediata, ya que todavía deben cumplirse distintos procedimientos administrativos y económicos. “Los plazos van a depender mucho de lo económico”, reconoció el funcionario, aunque remarcó que existen tareas que pueden desarrollarse mientras se avanza en la búsqueda de los recursos necesarios. En ese sentido, adelantó que el Gobierno provincial trabajará junto al Ministerio de Producción y las áreas correspondientes para actualizar el registro de las chacras de la Margen Sur, tanto las comprendidas en la legislación anterior como las incorporadas mediante la nueva ley. El relevamiento permitirá conocer cuántas familias viven actualmente en el sector, cuáles desarrollan actividades productivas y qué tipo de emprendimientos funcionan en cada parcela. Paralelamente, el Ministerio de Producción realizará la tasación de los terrenos para determinar su valor actual, un paso necesario antes de avanzar con el procedimiento de expropiación. Posteriormente, se trabajará en la reglamentación de las disposiciones legales junto con las asociaciones de chacareros. Uno de los aspectos más importantes de la normativa está relacionado con el destino que tendrán las tierras una vez que se concrete su regularización. Giménez explicó que las familias que actualmente desarrollan actividades productivas podrán conservar la totalidad de la superficie que ocupan. Esto incluye emprendimientos hortícolas, criaderos de porcinos, elaboración de chacinados y otras actividades vinculadas con la producción. “Las chacras que producen, y pueden ser hortícolas, pueden ser de chacinado, pueden ser porcinos, o diferentes rubros de producción, van a ser contemplados para que ellos puedan quedarse con el 100% de la tierra”, detalló. La situación será diferente para aquellas familias que no desarrollen actividades productivas. En esos casos, la normativa contempla que puedan conservar hasta 300 metros cuadrados correspondientes al sector donde se encuentra construida su vivienda. Las superficies restantes podrán incorporarse a un banco de tierras productivas, destinado a vecinos interesados en desarrollar nuevos emprendimientos. Según explicó el secretario, quienes deseen acceder a esos terrenos deberán presentar proyectos que serán evaluados por una comisión antes de avanzar con las correspondientes adjudicaciones. El objetivo es que las tierras mantengan su finalidad productiva y puedan ser aprovechadas por familias que tengan interés en desarrollar actividades económicas vinculadas con el sector. Actualmente, de acuerdo con las estimaciones brindadas por Giménez, más del 40% de las familias del macizo 67 realizan alguna actividad productiva. No obstante, será necesario actualizar esa información mediante un relevamiento territorial. Para concretar ese trabajo, el Gobierno utilizará tecnología de drones, además de recorridas presenciales por las distintas chacras. El equipamiento permitirá identificar las superficies utilizadas, las instalaciones existentes y la presencia de invernaderos activos. “Lo vamos a hacer de manera territorial y también con tecnología de dron aéreo”, anticipó el funcionario, quien explicó que se utilizarán herramientas disponibles en el Ministerio de Producción. Además, consideró importante incentivar a las familias que todavía no producen para que puedan comenzar a desarrollar emprendimientos y aprovechar las posibilidades que ofrece el sector. Otro de los temas abordados por Giménez fue la preocupación de los chacareros que recibieron intimaciones judiciales vinculadas con la propiedad de los terrenos. Según relató, desde comienzos de este año un estudio jurídico había comenzado a notificar a distintas familias del macizo para reclamar la restitución de las tierras, una situación que generó incertidumbre entre quienes llevan décadas viviendo y trabajando en el lugar. El funcionario sostuvo que la nueva legislación constituye una herramienta jurídica importante para avanzar hacia una solución, especialmente para aquellas familias que no cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar procesos judiciales. También recordó que muchos de los actuales ocupantes llegaron al sector a partir de autorizaciones otorgadas por el propio Estado, cuando todavía no se habían advertido los inconvenientes relacionados con la titularidad de las parcelas. “Ellos no son usurpadores de tierra porque en su momento el Estado les había brindado ese sector para que ellos puedan producir”, afirmó. Giménez señaló que la falta de seguridad jurídica también representa una dificultad para quienes buscan ampliar sus emprendimientos, ya que la incertidumbre sobre la continuidad en los terrenos condiciona las decisiones de inversión. Como ejemplo, mencionó que en el macizo 67 funciona uno de los emprendimientos de producción de huevos más importantes de Río Grande, cuya actividad se extiende hasta Ushuaia mediante la comercialización de productos destinados al sector de cruceros. El secretario destacó que estas iniciativas demuestran el potencial económico de las chacras y la importancia de garantizar condiciones que permitan sostener y ampliar la producción local. Finalmente, Giménez valoró el acompañamiento legislativo que recibió la iniciativa y aseguró que las familias manifestaron su satisfacción después de tantos años de reclamos. La aprobación de la ley representa el inicio de una nueva etapa para el macizo 67, aunque todavía resta concretar los relevamientos, establecer el valor de las tierras, reglamentar la normativa y reunir los recursos necesarios para avanzar con la expropiación. ]]>