La intervención nacional del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo judicial. Esta vez fue el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego (TCP) el que recurrió a la Justicia para exigir información sobre el manejo de los recursos económicos que genera la terminal, cuya administración permanece en manos de organismos nacionales desde el 21 de enero.
El organismo provincial presentó un amparo por mora ante el Superior Tribunal de Justicia contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la Administración General de Puertos (AGP), al considerar que las respuestas recibidas hasta el momento no permiten conocer ni fiscalizar adecuadamente el destino del dinero recaudado.
La presentación fue impulsada por el vocal abogado en ejercicio de la presidencia del TCP, Miguel Longhitano, y el vocal de Auditoría, Hugo Pani, quienes advirtieron sobre las consecuencias institucionales de que funcionarios nacionales administren recursos provinciales sin someterse a los mecanismos de control establecidos por la legislación fueguina.
Nación cuestiona las facultades de control de la Provincia
Uno de los puntos centrales del conflicto es la postura adoptada por la ANPyN frente a los requerimientos del Tribunal de Cuentas.
Según consta en la presentación judicial, el pasado 22 de agosto el organismo nacional remitió una respuesta en la que aclaró que la información suministrada no implicaba reconocer las facultades de fiscalización del TCP.
Para el Tribunal, esa posición desconoce que los ingresos generados por el Puerto de Ushuaia mantienen su carácter de recursos públicos provinciales, aun cuando su administración se encuentre temporalmente bajo intervención nacional.
En ese sentido, invocó el artículo 33 de la Ley Provincial 50, que establece obligaciones de rendición de cuentas para quienes administran, recaudan o custodian fondos pertenecientes al Estado fueguino.
La AGP, por su parte, sostuvo que su intervención se limita a tareas de asistencia y colaboración, y derivó hacia la ANPyN la responsabilidad de responder los requerimientos.
Qué información reclama el Tribunal de Cuentas
El organismo provincial busca determinar cuánto dinero ingresó al puerto desde el inicio de la intervención, cómo se utilizó y quiénes autorizaron los gastos.
Entre la documentación solicitada se encuentran los registros de facturación y recaudación, los movimientos de las cuentas bancarias, las transferencias realizadas y los pagos a proveedores.
También reclama información sobre contrataciones, compras, inversiones y modificaciones patrimoniales, además de la identificación de las autoridades responsables de cada operación.
El TCP sostiene que la documentación recibida hasta el momento resulta insuficiente para reconstruir la administración económica de la terminal.
Antes de acudir a la Justicia, el organismo había intimado al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, a presentar la información requerida dentro de un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, consideró que la respuesta no satisfizo sus requerimientos.
Preocupación por el financiamiento de la Dirección Provincial de Puertos
La presentación también expone las consecuencias económicas que la intervención nacional tiene sobre la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
De acuerdo con las proyecciones presupuestarias incorporadas al expediente, el organismo esperaba obtener durante 2026 ingresos por aproximadamente 30.697 millones de pesos, de los cuales 25.624 millones correspondían a la actividad del Puerto de Ushuaia.
Con esa recaudación bajo administración nacional, los ingresos proyectados para la estructura provincial quedaron reducidos a unos 5.073 millones de pesos.
Esta situación obligó a la DPP, según los informes citados en la presentación, a utilizar reservas de ejercicios anteriores para afrontar salarios y gastos de funcionamiento, comprometiendo recursos que originalmente estaban previstos para inversiones en infraestructura.
Los informes también advirtieron sobre el riesgo de agotamiento de esas reservas durante noviembre y la posibilidad de cerrar el ejercicio con un resultado financiero negativo.
Un nuevo frente judicial por la intervención
La demanda del Tribunal de Cuentas se suma a otros expedientes judiciales abiertos en torno a la administración nacional del Puerto de Ushuaia.
En paralelo, el juez federal Federico Calvete resolvió el pasado 30 de octubre hacer lugar a un amparo presentado por el Diario del Fin del Mundo y ordenó a la ANPyN y a la AGP proporcionar información pendiente sobre ingresos, gastos, contrataciones y funcionamiento de la terminal.
Aunque se trata de procesos diferentes, ambos tienen como punto en común los cuestionamientos sobre el acceso a la información económica de la intervención.
En el caso del Tribunal de Cuentas, la presentación no busca resolver directamente la legalidad de la medida nacional, sino garantizar que el organismo provincial pueda ejercer sus facultades de control sobre los recursos públicos.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá intervenir en el planteo y determinar si corresponde ordenar a los organismos nacionales que respondan de manera completa y fundada.
Mientras continúa la disputa por la administración del puerto, el nuevo conflicto judicial incorpora una cuestión central: quién controla los fondos que genera una infraestructura provincial intervenida por Nación y quién debe rendir cuentas por su utilización.
Fuente: EDFM
