La justicia suspendió los efectos y aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del Decreto Nº 312/2025. La decisión ordena al Estado nacional a presentar, en un plazo de tres meses, un plan de acción para continuar con la política de integración socio urbana en los barrios populares registrados en el RENABAP. Además, se exige que el gobierno informe sobre el saldo existente en las cuentas del FISU y la composición de sus recursos.
Con este dictamen el gobierno solo podrá disponer de los fondos del FISU para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines.
El Decreto 312/2025, firmado por el presidente Milei y los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos, justificaba la disolución alegando irregularidades en su administración, como contrataciones sin procesos adecuados y demoras en la ejecución de obras.
No obstante, la Justicia consideró que la eliminación del fondo vulnera derechos fundamentales de los habitantes de barrios populares y ordenó su continuidad.
Además, el juez multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, al pago de $200.000 por día de demora en el cumplimiento de lo exigido: que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la obras paralizada.
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se financiaba a través del 9% del Impuesto PAIS, el cual fue eliminado. Los fondos iban destinados a mejorar villas o barrios marginales.
