La Justicia embargó fondos de Autofarma para garantizar indemnizaciones a trabajadoras despedidas en Río Grande

Dos extrabajadoras de Autofarma consiguieron una medida judicial para resguardar el cobro de sus indemnizaciones y liquidaciones finales. La resolución alcanza fondos que el Gobierno de Tierra del Fuego y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) mantienen pendientes de pago a Llanesa SA, empresa que administraba la sucursal de Río Grande. El conflicto laboral que dejó el cierre de Autofarma en Río Grande sumó un nuevo capítulo en los tribunales. El Juzgado del Trabajo N.º 2 dispuso un embargo sobre créditos que la firma Llanesa SA tiene pendientes de cobro, con el objetivo de garantizar que dos exempleadas puedan acceder al dinero que reclaman tras haber sido despedidas. La medida judicial se concretó el pasado 4 de noviembre y representa un avance para las trabajadoras, quienes iniciaron acciones legales ante la falta de pago de sus liquidaciones finales e indemnizaciones correspondientes. El abogado José Luis Álvarez, representante de ambas extrabajadoras, explicó en declaraciones a FM Centro que la decisión de solicitar el embargo sobre fondos adeudados a la empresa respondió a las dificultades para identificar bienes sobre los cuales ejecutar una eventual sentencia. Según detalló, Llanesa SA no cuenta con bienes registrables en Tierra del Fuego, por lo que la alternativa fue avanzar sobre los créditos que mantiene con organismos provinciales. De esta manera, la medida alcanza parte de los pagos pendientes que deben realizar tanto el Gobierno provincial como la OSEF. Los fondos de OSEF y la situación económica de la empresa Uno de los aspectos que surgieron durante el conflicto está relacionado con las deudas por prestaciones farmacéuticas brindadas a afiliados de la obra social provincial. Álvarez señaló que las demoras en esos pagos contribuyeron a profundizar los problemas de liquidez de la empresa. Sin embargo, remarcó que las dificultades económicas o administrativas de una firma no pueden trasladarse a sus empleados mediante el incumplimiento de obligaciones laborales. “No puede pagar el trabajador con el desmanejo de la empresa”, sostuvo el letrado al referirse a la situación que atravesaron las exempleadas. El embargo solicitado contempla los montos reclamados por las liquidaciones finales, las indemnizaciones derivadas de los despidos y una suma adicional destinada a cubrir posibles intereses. Despidos durante la conciliación obligatoria El abogado también cuestionó la conducta que habría mantenido la empresa durante la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, organismo que había dispuesto una conciliación obligatoria para intentar encontrar una salida al conflicto. De acuerdo con su relato, los representantes de Llanesa SA no concurrieron a las audiencias convocadas y limitaron su participación a presentaciones por escrito. La situación se agravó cuando las trabajadoras recibieron los telegramas de despido cinco días antes de que finalizara el período de conciliación obligatoria, una circunstancia que fue señalada por la representación legal de las exempleadas. Otro punto que aclaró Álvarez es que Autofarma operaba mediante diferentes sociedades comerciales en Río Grande y Ushuaia. En consecuencia, la demanda iniciada por las trabajadoras de la ciudad norte de la provincia está dirigida específicamente contra Llanesa SA. Qué falta para que avance el reclamo judicial Aunque el embargo ya fue dispuesto, el proceso laboral todavía debe atravesar nuevas instancias. La principal tarea pendiente es concretar la notificación formal a la empresa demandada para permitir la continuidad del juicio. Álvarez anticipó que, si no resulta posible efectuar ese procedimiento en el domicilio legal de la firma, podría solicitarse una notificación mediante edictos, mecanismo previsto para situaciones en las que no se logra establecer contacto por las vías habituales. Por el momento, la resolución judicial constituye una medida preventiva destinada a preservar fondos ante un eventual reconocimiento de los derechos económicos reclamados. No implica que las indemnizaciones ya hayan sido abonadas ni que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto. El caso continúa abierto y mantiene en discusión las consecuencias laborales del cierre de Autofarma en Río Grande, particularmente la responsabilidad de la empresa frente a las obligaciones pendientes con quienes se desempeñaban en el establecimiento.