Río Grande.- La Dra. Adriana Varisco, abogada patrocinante de Roberto Carlos Rainieri Fuentes, ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de esta ciudad, dio detalles de la denuncia penal presentada ante el Juzgado de la Dra. Borruto, mediante la cual se denuncia a tres integrantes del consejo de administración.
Por Radio Provincia, dijo al programa ‘Buscando el Equilibrio’ que “son varios hechos los que se denuncian. La denuncia consta de más de 30 páginas y se informa al fiscal que va a intervenir quiénes son los denunciados, que son tres personas que forman parte de la gerencia de la Cooperativa. Luego se mencionan los posibles delitos que estos funcionarios públicos habrían cometido en el ejercicio de sus funciones, como defraudación, asociación ilícita, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función, y todo tiene que ver con cómo ellos administraban los ingresos de la Cooperativa, haciendo uso de ellos no con el fin que tiene la Cooperativa”.
Los denunciados son “Santiago Ignacio Barrientos Clausen, que es el gerente; Belarmino Segundo Santana Barrientos, que es subgerente; y Ezequiel Krok, que es el contador. La justicia debe hacer el trabajo que el veedor y su equipo no pudieron hacer”, manifestó, dado que hubo una suerte de inspección de la que no se conoce el informe final.
Explicó que “el veedor fue enviado por el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- el 13 de enero y tenía un plazo de 90 días para llevar adelante el recabamiento de la información y presentar al INAES un expediente administrativo. Se venció el plazo y, por lo que tengo entendido, la Cooperativa no hizo entrega de balances, gastos de tarjetas corporativas, pagos de facturaciones y cobro de deudas”.
“Uno de los hechos que se denuncia es la falta de gestión de cobranzas a algunos usuarios, que tienen una deuda importante. Hay usuarios personales y usuarios de empresas. Hay un usuario particular que está denunciado con número de abonado, que a la fecha de la denuncia debía más de 90 millones”, aseguró.
Cabe señalar que en el caso de los empleados de la institución, “hay un convenio interno por el cual no se cobra al trabajador de la Cooperativa, que tiene un margen y la diferencia se abona”.
Con respecto a las tarjetas cooperativas, indicó que “se hicieron gastos en pasajes para el mundial de Dubai, hay compra de pasajes para familiares y para personas que no pertenecen a la Cooperativa, con fondos de los asociados. También está el pago de los planes más altos de las prepagas. Además se ha contratado a una empresa tercerizada que pertenecería a un familiar cercano, que se encarga del corte de servicio, cuando eso lo tiene que hacer la Cooperativa”.
“También hay contrataciones con empresas constructoras, pero uno va a determinada empresa constructora y el presupuesto es de 100 pesos, pero para la Cooperativa ese mismo presupuesto es de 300. Es decir que hay una sobrevaluación o sobreprecios de ciertos trabajos que se hacen para la Cooperativa. Muchas veces esos trabajos no son para la Cooperativa, sino para alguien que la integra, para hacer trabajos en su casa. Está denunciado que no solamente involucra a los tres mencionados sino que podría haber sido para un familiar también”, agregó.
Por si fuera poco, se habla de retornos que involucran a grandes empresas que exportan al continente.
Investigación federal
La abogada explicó que la presentación se hizo ante la justicia federal, no la provincial, “porque el ente regulador de la Cooperativa es el INAES, a nivel nación, y no es competente la justicia provincial porque la Cooperativa tiene matrícula nacional. La justicia debería pedir primero los informes al INAES y luego pedir allanamientos para ver cómo están los papeles”, indicó sobre el procedimiento, que podría ponerse en marcha esta misma semana.
También aclaró que podría haber otras imputaciones, si bien “las empresas no están denunciadas, pero están dentro del contexto de los posibles ilícitos de las personas denunciadas. Después verá el fiscal si corresponde alguna responsabilidad penal de las empresas o de las personas que colaboraron con estos ilícitos”, dijo.
“Hemos tenido contacto con un representante del INAES, que es quien nos facilitó el expediente que está en la denuncia. Nos informó cuándo empezó el trabajo del veedor y que a la fecha no se ha presentado nada. Estamos esperando que la justicia se expida al respecto para que desde el INAES se pida la intervención judicial de la Cooperativa”, apuntó.
La causa recayó en el juzgado de la Dra. Borruto, que tiene a cargo el fuero civil y el penal. “La persona que represento trabajaba en la Cooperativa y se desvinculó hace varios meses. Los denunciados no tienen ninguna notificación fehaciente todavía de que se haya iniciado la investigación judicial”, señaló la letrada, y puntualizó que “como medida de prueba dentro de la denuncia está el pedido de los balances a la IGJ y al INAES”.
Un dato relevante del destino de los fondos es “la financiación de campañas políticas”, y entre los beneficiarios habría algunos electos.
De prosperar la investigación, los denunciados “deberían ser apartados de sus funciones y, una vez finalizada la intervención, los asociados deberían hacer la elección de las nuevas autoridades. El interventor tiene que ser una persona ajena a la ciudad de Río Grande, que esté controlada por la justicia federal, porque es un interventor judicial”, precisó.
Plazos acotados
Con respecto a los plazos, una vez que se presenta la demanda en la justicia federal, “la intervención sale a las 48 o 72 horas, porque es una medida cautelar y tiene prioridad. Si está todo en orden, el fiscal desestimará la denuncia. De haber intervención, por lo que hablamos con gente que está en el INAES, el pedido de la justicia debería ser esta semana y el plazo de la intervención no lo sabemos, porque depende de las tareas que tenga que realizar el interventor”, sostuvo.
Amenazas
Por otra parte se la consultó sobre las amenazas e intimidaciones recibidas tras radicar la denuncia. “Son gajes del oficio, yo me he manejado siempre sola y nunca me pasó nada. No lo tomo como una amenaza y yo no tengo nada personal en contra de nadie. Así como recibí estos comentarios, me han llamado personas con las que hace tiempo no tengo contacto, dándome mucha más información extraoficial. Muchos me dijeron que siga para adelante”, afirmó, y consideró que “esto no debería politizarse, porque dentro de nuestra función somos apolíticos. Si es así, sería una pena”.
Un tema sensible
Finalmente la Dra. Varisco hizo una reflexión sobre las implicancias sociales de esta denuncia y, de probarse los hechos, la defraudación que implica para la confianza de los ciudadanos. “Es un tema muy sensible porque a todos nos molestan los aumentos de luz. Ha habido un uso y manejo grosero del dinero, en forma desmedida. Debería existir una gestión transparente y publicarse la información para conocimiento de los socios. Este es un posible hecho de corrupción por la cantidad de plata que se maneja dentro de una Cooperativa. El nivel de facturación es un cálculo simple, porque son 38 mil usuarios con un promedio de 40 mil pesos, y estamos hablando de más de mil quinientos millones mensuales, solamente del servicio, sin contar el sepelio, la fábrica de premoldeados, el crematorio, y lo que puede llegar un comercio o una industria, que tienen otras tarifas”, concluyó.
