El médico Carlos Mariño confirmó que amplió su denuncia ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades millonarias en la facturación de prestaciones médicas al PAMI en Tierra del Fuego. La presentación incorpora nuevos hechos que involucran a otro centro médico de Río Grande y profundiza los cuestionamientos contra Fernando Polizzi, quien estuvo al frente del organismo nacional en la provincia y actualmente encabeza la intervención federal del Puerto de Ushuaia.
Mariño aseguró que la investigación judicial está avanzando y que fue convocado nuevamente a declarar ante la Fiscalía Federal, donde aportó documentación adicional sobre maniobras que, según sostiene, permitieron cobrar importantes sumas de dinero por estudios que nunca se realizaron.
“Se hizo una ampliación con otros hechos que vinculan a otro centro médico de acá, en la ciudad de Río Grande, con otro profesional, que son de iguales cifras millonarias”, explicó. También señaló que remitió nuevas denuncias a la unidad especializada UFI-PAMI, desde donde le confirmaron que las actuaciones vinculadas con ese establecimiento ya habían llegado a la Justicia Federal fueguina.
Entre los ejemplos mencionados, describió la facturación de pruebas de capacidad pulmonar que requerirían equipamiento inexistente en Río Grande. Según su denuncia, se emitían múltiples órdenes médicas electrónicas para un mismo paciente, aunque solamente se concretaba una pequeña parte de los estudios.
“A un paciente se le emitían hasta ocho o nueve OMEs, de las cuales se efectuaban dos, porque el resto eran ficticias. Pero se cobraban y se facturaban”, afirmó.
Para dimensionar el presunto perjuicio económico, señaló que existían casos en los que se facturaban 800 mil pesos por prestaciones cuyo costo real rondaba los 6 mil pesos. Incluso aseguró que determinados servicios llegaron a registrar facturaciones mensuales de hasta 80 millones de pesos, pese a que los estudios denunciados no se realizaban.
Cuestionamientos directos a Polizzi
Uno de los aspectos más contundentes de las declaraciones de Mariño estuvo dirigido a la actuación de Fernando Polizzi durante su gestión al frente del PAMI provincial.
El profesional sostuvo que mantuvo reuniones con el entonces responsable del organismo entre marzo y octubre de 2025, durante las cuales le comunicó reiteradamente las irregularidades que había detectado, sin obtener respuestas satisfactorias.
“Yo me junté con él desde el mes de marzo hasta el mes de octubre y no hizo absolutamente nada”, aseguró. Agregó que posteriormente se realizó una auditoría que, según su relato, concluyó que no existían anomalías.
Mariño cuestionó especialmente que, pese a las advertencias, el organismo continuara manteniendo relaciones comerciales con los prestadores involucrados.
“Durante un año cubrió todo esto. Y siguió haciendo negocios con el prestador”, sostuvo, antes de señalar que se habilitaron nuevas prestaciones vinculadas con una droguería y otros profesionales médicos.
“Lo estábamos denunciando y él seguía haciendo negocios”, insistió.
El médico también aseguró que presenció una conversación entre Polizzi y una auditora que inicialmente habría reconocido la existencia de irregularidades, aunque posteriormente la evaluación oficial habría descartado los problemas denunciados.
De todas maneras, aclaró que su declaración ante la Fiscalía Federal consistió en presentar una cronología de reuniones, conversaciones y documentación, y que corresponderá a la Justicia determinar las eventuales responsabilidades.
Auditorías bajo sospecha
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el funcionamiento de los mecanismos de control del PAMI.
Mariño explicó que cada establecimiento médico debe declarar su capacidad instalada, incluyendo el equipamiento disponible para realizar las prestaciones que posteriormente factura al organismo.
Por ese motivo, consideró especialmente grave que se hubieran autorizado pagos por estudios que, según denuncia, requerían aparatos inexistentes en los establecimientos involucrados.
También cuestionó la falta de reacción administrativa frente a sus advertencias. Según relató, las denuncias comenzaron en marzo de 2025 y las presuntas maniobras continuaron durante varios meses, sin que se adoptaran medidas efectivas para detenerlas.
Aseguró incluso que, hasta julio de 2026, uno de los prestadores señalados seguía utilizando el mismo mecanismo de facturación que había denunciado anteriormente.
El profesional también criticó las respuestas recibidas de otras autoridades del organismo, a las que acusó de no haber analizado adecuadamente sus presentaciones.
La investigación judicial
A diferencia de sus cuestionamientos al funcionamiento administrativo del PAMI, Mariño reconoció avances en la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
Explicó que presentó la denuncia judicial en agosto de este año y que desde entonces fue convocado en dos oportunidades para ampliar sus declaraciones y aportar elementos probatorios.
Aunque manifestó desconocer los plazos de la investigación, consideró que las nuevas actuaciones demuestran que la causa continúa avanzando.
