El fiscal Ariel Pinno pidió 8 años de prisión para el acusado de matar a Alberto Scariot

Durante los alegatos realizados este viernes, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró probado que Fernando Aarón Moreyra provocó la muerte de Alberto Scariot mediante un violento ataque con arma blanca. Sin embargo, solicitó una condena de ocho años de prisión efectiva al considerar la situación de extrema vulnerabilidad del imputado, sus antecedentes de consumo de drogas y las circunstancias personales que rodearon el homicidio. El juicio por la muerte de Alberto Scariot ingresó este viernes 13 de noviembre en una de sus instancias decisivas. Ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, el fiscal Ariel Pinno solicitó una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo para Fernando Aarón Moreyra, de 22 años, a quien responsabilizó por el homicidio ocurrido en noviembre de 2025 en Río Grande. La exposición del fiscal estuvo marcada por un análisis que fue más allá de la violencia del ataque. Si bien sostuvo que el acusado actuó con intención de matar y rechazó la posibilidad de que se hubiera defendido legítimamente, también describió un escenario de consumo problemático de sustancias, conflictos familiares y situaciones de abandono que, a su entender, deben ser considerados al momento de establecer la condena. Un ataque con 34 heridas de arma blanca Durante su alegato, Pinno reconstruyó los acontecimientos registrados durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025, cuando se produjo el enfrentamiento en una vivienda de Chacra XIII. Según la hipótesis fiscal, Moreyra llegó al domicilio alrededor de las 5 de la mañana y comenzó una discusión con un hombre de apellido Mansilla, con quien mantenía diferencias anteriores. Scariot, que se encontraba descansando en el interior de la vivienda, intervino cuando advirtió el conflicto e intentó que Moreyra se retirara. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el acusado había tomado dos cuchillos antes del enfrentamiento y terminó atacando a la víctima, quien intentaba defenderse utilizando sus puños. La pelea comenzó dentro de la propiedad y continuó hacia el exterior, donde Scariot quedó gravemente herido. El fiscal recordó que el informe forense permitió identificar 34 lesiones cortantes y punzocortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda, el pecho y los brazos. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Río Grande, donde recibió transfusiones y asistencia médica. Sin embargo, la gravedad de las lesiones y la importante pérdida de sangre complicaron su evolución, hasta que finalmente falleció el 13 de noviembre de 2025, tres días después del ataque. La Fiscalía descartó que Moreyra actuara en legítima defensa Uno de los principales puntos desarrollados por Pinno estuvo relacionado con la postura defensiva que sostiene que el acusado habría reaccionado para protegerse de una agresión. El fiscal rechazó esa interpretación y afirmó que las pruebas incorporadas durante el juicio permiten establecer que fue Moreyra quien inició el conflicto al ingresar al domicilio y amenazar a Mansilla. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Scariot intervino para proteger a una tercera persona que se encontraba dentro de su vivienda. En consecuencia, consideró que la reacción de la víctima no constituyó una agresión ilegítima que pudiera justificar el uso de un arma blanca. También señaló que el acusado tuvo la posibilidad de abandonar el lugar, pero decidió permanecer y continuar con el enfrentamiento. En ese contexto, remarcó que la utilización de un cuchillo frente a una persona que se defendía con golpes de puño impide sostener que existió proporcionalidad en los medios empleados. Pinno sostuvo que la autoría del homicidio no constituye el principal punto de discusión del proceso. Según explicó, la controversia se concentra en determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la responsabilidad penal que corresponde atribuirle al acusado. El consumo de drogas y la situación familiar del acusado Una parte importante de los alegatos estuvo dedicada a las condiciones de vida de Moreyra antes del homicidio. El fiscal recordó que durante las audiencias se escucharon testimonios sobre su consumo de sustancias desde la infancia, las dificultades que atravesó en su entorno familiar y los períodos en los que permaneció sin un lugar estable donde vivir. En ese sentido, mencionó las declaraciones de los padres del acusado, quienes reconocieron que en diferentes momentos habían decidido que su hijo abandonara sus respectivos domicilios. También explicó que Moreyra había encontrado alojamiento en la vivienda de Scariot, con quien mantenía una relación cercana y a quien consideraba una figura de referencia. El fiscal sostuvo que la combinación del consumo de drogas, el alcohol y los conflictos emocionales influyó en la conducta del imputado durante aquella madrugada. No obstante, aclaró que esas circunstancias no significan que Moreyra fuera incapaz de comprender sus actos. A partir de las evaluaciones profesionales y de los testimonios reunidos, Pinno consideró que el joven conservaba la capacidad de distinguir entre lo permitido y lo prohibido. Por ese motivo, descartó que existieran elementos suficientes para considerarlo inimputable, aunque insistió en que su historia personal debía ser valorada al momento de determinar la pena. El fiscal también pidió investigar la situación de menores vinculados al caso Otro de los aspectos que surgieron durante la exposición estuvo relacionado con las condiciones en las que convivían las personas involucradas en el hecho. Pinno hizo referencia a conversaciones telefónicas, mensajes y declaraciones testimoniales que, según sostuvo, permitieron conocer situaciones de consumo y comercialización de estupefacientes en el entorno de la víctima y del acusado. El representante fiscal consideró necesario examinar la situación de adolescentes vinculados a ambas familias, debido a que durante el debate aparecieron elementos que podrían indicar condiciones de vulnerabilidad. Por ese motivo, adelantó que solicitaría la intervención del Juzgado de Familia o del Ministerio Pupilar para evaluar las circunstancias actuales de los menores. También planteó la necesidad de que se realicen estudios socioambientales para determinar si existen situaciones que requieran medidas de protección. El pedido fue presentado como una cuestión adicional a la responsabilidad penal que se analiza en el juicio. Por qué pidió una condena de ocho años de prisión Al fundamentar la pena solicitada, Pinno reconoció como agravantes la violencia utilizada durante el ataque y las consecuencias irreparables que produjo la muerte de Scariot para sus familiares. Sin embargo, sostuvo que también corresponde contemplar la juventud del acusado, su historial de consumo, la ausencia de antecedentes condenatorios y las condiciones de vulnerabilidad que fueron expuestas durante el proceso. El fiscal solicitó que Moreyra sea condenado a ocho años de prisión efectiva por homicidio simple y lesiones leves, estas últimas relacionadas con las heridas sufridas por el hijo de la víctima durante el enfrentamiento. Además, pidió que el acusado reciba tratamiento de rehabilitación por su problemática de consumo dentro del establecimiento penitenciario, mediante un dispositivo adecuado y con seguimiento profesional. La solicitud de ocho años representa el mínimo previsto para el homicidio simple, aunque el pedido fiscal comprende también el delito de lesiones leves. Pinno reconoció que su postura podría no satisfacer las expectativas de los familiares de la víctima, pero sostuvo que su obligación es evaluar todas las pruebas y circunstancias del caso. Concluida la exposición del Ministerio Público Fiscal, el proceso continuará con el alegato de la Defensa Oficial, encabezada por Eduardo Tepedino, previsto para el lunes 16 de noviembre. Posteriormente, el Tribunal presidido por Eduardo López e integrado por Verónica Marchisio y Pedro Fernández deberá resolver la responsabilidad penal del acusado y, en caso de condena, determinar la pena correspondiente.