La administración Trump impulsó cambios considerando ciertas afecciones como posible “carga pública” y de esta manera amplía las razones para denegar visados.
Estados Unidos, uno de los países que más atrae a viajeros de todo el mundo —incluyendo a miles de argentinos—, ha dado un giro inesperado y potencialmente restrictivo en su política de visas. Una directiva de la administración Trump, recientemente revelada, sugiere una ampliación dramática de los motivos que los funcionarios consulares pueden esgrimir para denegar una solicitud, poniendo el foco en la salud de los aspirantes más allá de lo tradicionalmente establecido.
Esta medida, que ha generado un revuelo en el ámbito legal y diplomático, podría significar un obstáculo imprevisto para millones de potenciales visitantes o inmigrantes. El cambio no solo abarca enfermedades contagiosas, sino que pone en la mira afecciones crónicas y comunes a nivel global. Para cualquier viajero o profesional con planes de radicarse, conocer los detalles de esta directiva y sus implicaciones es fundamental, ya que redefine el concepto de «carga pública» y otorga una discrecionalidad sin precedentes a los agentes consulares. A continuación, desglosaremos esta información, obtenida y verificada por The Washington Post, y analizaremos su verdadero alcance.
La sorpresiva inclusión de la obesidad y la diabetes
Un cable emitido el 6 de noviembre por el entonces Secretario de Estado, Marco Rubio, a consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo, marca el punto de inflexión. La directiva instruye a los funcionarios de visas a considerar la obesidad, junto con otras afecciones crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, como factores para la denegación de visas.
El documento, según la información revelada por The Washington Post, sugiere que «deben tener en cuenta la salud del solicitante» y advierte que «ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares». Específicamente, el cable menciona que la obesidad puede derivar en apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica, implicando un potencial costo para el sistema de salud.
La directiva de Rubio se ampara en la regla de la “carga pública”, una normativa histórica que permite negar visas y residencias a personas que se prevea que dependerán en gran medida de programas de asistencia social. No obstante, los expertos coinciden en que la interpretación actual es mucho más amplia y audaz.
“Esta directriz otorga a los funcionarios consulares una amplia discreción para denegar visas de inmigrante y de no inmigrante basándose en afecciones de salud comunes que, por sí solas, nunca se han considerado motivo de descalificación”, explica Vic Goel, abogado de inmigración en Reston, Virginia.
Históricamente, la consideración de salud se limitaba a enfermedades que probablemente requerirían institucionalización a cargo del gobierno. Ahora, el cable ordena considerar una extensa lista de afecciones crónicas y comunes, vinculándolas explícitamente con el costo potencial de la atención médica durante la esperanza de vida del solicitante.
La directiva no se detiene en las condiciones médicas. El Departamento de Estado también instruye a los agentes consulares a considerar inelegibles a los solicitantes por diversas razones complementarias que añaden complejidad a la evaluación de la «carga pública».
Entre estos nuevos factores se incluyen:
*Si el solicitante ha superado la edad de jubilación.*La cantidad de dependientes que posee (hijos o padres ancianos).*Si alguno de esos dependientes tiene “necesidades especiales” o discapacidades.Estos criterios, sumados a la evaluación médica, dotan a los funcionarios consulares de una discrecionalidad aún mayor para rechazar solicitudes, tanto de visas temporales (como las H-1B) como de inmigrantes que buscan la residencia permanente por razones laborales o familiares. Si bien se exceptúa a ciertos solicitantes de visas humanitarias como los refugiados, es un hecho que la administración Trump había reducido o cancelado varios de estos programas.
La Casa Blanca defendió la medida a través de un comunicado de su vocera, Anna Kelly, afirmando que «durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes». Kelly añadió que la administración Trump estaba «finalmente aplicando esta política en su totalidad y priorizando a los estadounidenses».
La directiva ha sido implementada de forma no convencional, redactada por la cúpula política de la agencia y sin pasar por los canales normales de revisión, que suelen incluir la opinión del personal de carrera. Un diplomático que recibió el cable, y que habló con The Washington Post bajo anonimato, indicó que la dirección del Departamento de Estado ha estado muy activa buscando formas de denegar la entrada de extranjeros a Estados Unidos o, al menos, ralentizar el sistema.
FUENTE: Mensajero.
