La Acordada alcanza a todas las dependencias judiciales de la provincia e incluye restricciones en compras, obras públicas y uso de fondos, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de justicia.
USHUAIA.– Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, María del Carmen Battaíni, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano, dispusieron mediante una Acordada la implementación de diversas medidas de racionalización general del gasto en todas las entidades dependientes del Poder Judicial.
Entre las disposiciones adoptadas se estableció que la adquisición de bienes e insumos deberá limitarse exclusivamente a aquellos que resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia, priorizando en todos los casos el cumplimiento de contratos y obligaciones válidamente asumidos y actualmente en ejecución.
Asimismo, se resolvió restringir el uso del sistema de caja chica únicamente a situaciones de urgencia debidamente fundadas, quedando expresamente excluida su utilización para compras menores que no revistan carácter urgente o imprescindible.
La Acordada también dispone la suspensión de la adquisición de equipamiento informático —como computadoras, monitores y periféricos— salvo que exista una autorización expresa del Superior Tribunal de Justicia fundada en razones de criticidad operativa.
En cuanto a la ejecución de obras públicas, se determinó que las mismas quedarán supeditadas a la disponibilidad de fondos o a la posibilidad concreta de afrontar los pagos correspondientes. Se exceptúan de esta medida aquellas obras cuya paralización implique riesgos estructurales, de seguridad o mayores costos futuros. En este marco, se mantendrá únicamente la obra del muro de contención del edificio sede del Superior Tribunal de Justicia, oportunamente autorizada.
Se adjunta la Acordada 02/2026 del Superior Tribunal de Justicia – abrir
