La ley en cuestión actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Había sido aprobada previamente con amplio consenso político, aunque la Casa Rosada la objetó al considerar que implicaba un alto costo fiscal.
La Ley establece:
Regularización de pagos y actualización de aranceles
Reforma del sistema de pensiones no contributivas
Transparencia y rendición de cuentas
Compensaciones económicas
Actualización del Certificado Único de Discapacidad
Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día
Fue aprobada por el Senado el 10 junio último. El 4 de agosto, el Presidente vetó en su totalidad la ley, según se publicó en el Boletín Oficial.
A la hora de emitir el voto, había en el recinto 247 diputados sentados en sus bancas por lo que la mayoría especial necesaria era de 165 avales. Fueron claves los acompañamientos de los 2 santafesinos de Futuro y Libertad, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 5 del Pro y 2 de Producción y Trabajo.
Para revertir finalmente el veto presidencial, el Congreso ahora necesita reunir 2 tercios en el Senado.
