“Siempre creímos que no correspondía la aplicación de esa pena”, señalaron desde el Ministerio Público de la Defensa del Distrito Judicial Sur, al referirse al trabajo realizado en el juicio en el que el Tribunal de Juicio en lo Criminal absolvió a cuatro hombres acusados del delito de torturas reiteradas, por hechos ocurridos en mayo de 2021 en la Alcaidía Central de Ushuaia.
La defensa de tres de los cuatro absueltos estuvo a cargo de los Defensores Públicos, Dres. Juan Carlos Núñez y Carlos Fonrouge Kaufmann, con la asistencia de la Secretaria Dra. Paula Varela y la agente Laura Santillan.
El trabajo de la Defensa se desarrolló de manera coordinada entre los defensores, las secretarias y el personal de la Defensoría. El equipo realizó un análisis pormenorizado de las pruebas incorporadas al expediente, con especial atención en los registros fílmicos, considerado como un elemento central para la preparación de la estrategia defensiva.
Entre los principales argumentos sostenidos durante el proceso, la Defensa planteó que los hechos investigados no encuadraban en la figura penal de tortura prevista en el artículo 144 del Código Penal. En ese sentido, tomó en consideración el análisis efectuado durante la etapa de instrucción, en el que la jueza interviniente también había advertido sobre la imposibilidad de aplicar esa calificación jurídica en los términos planteados.
Los defensores explicaron que, a partir de la valoración de las pruebas, “no se encontraban acreditados los elementos necesarios” para atribuir responsabilidad a sus asistidos por el delito de tortura. Asimismo, señalaron la importancia de distinguir esa figura de otros posibles encuadres jurídicos.
Al referirse al resultado del juicio, destacaron el trabajo conjunto desarrollado durante el proceso y el compromiso de los tres imputados.
Por último, remarcaron que el compromiso de la Defensa Pública consiste en “poner a disposición de cada caso todos sus recursos profesionales y humanos, con independencia del resultado que se obtenga” y señalaron que la obligación de la institución es brindar una defensa efectiva, especialmente frente a causas de particular complejidad.
