El Gobierno empezó este martes la defensa a su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir que se ordenen medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
En una abarrotada sala del TIDM, el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, Mario Javier Agustín Oyarzábal, afirmó que Argentina buscó reiteradamente la cooperación con el Reino Unido, pero “en lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral”
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La comitiva oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.
La defensa sumó además a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, que representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
El planteo de la Argentina ante el Tribunal del Mar
En una abarrotada sala del TIDM, Oyarzábal afirmó que Argentina ha buscado reiteradamente la cooperación con el Reino Unido, pero “en lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral”.
Oyarzábal recordó que Londres y Buenos Aires firmaron en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en materia de actividades marítimas en el Atlántico suroeste, pero argumentó que el Reino Unido se alejó del sentido de la misma, pues las licencias concedidas, incluido en el yacimiento Sea Lion, agravan el contencioso que británicos y argentinos protagonizan por las islas Malvinas.
“Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo”, aseveró Oyarzábal en la apertura de la vista oral del tribunal internacional que tiene su sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo.
Oyarzábal también expuso que las medidas británicas, por su carácter unilateral, atentan contra la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El profesor Marcelo Gustavo Kohen defendió que el TIDM es competente para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para detener el inicio o la continuación de proyectos petroleros autorizadas por el Reino Unido cerca de la costa de las Malvinas mientras no haya una decisión definitiva sobre la soberanía.
La demanda de medidas provisionales urgentes de Argentina, “no requiere en modo alguno una decisión sobre a quién pertenecen las islas, ni sobre cuál de las partes es el Estado ribereño”, ya que de lo que se trata es de evitar cualquier “alteración irreversible de la plataforma continental en disputa” además de “prevenir nuevas actuaciones susceptibles de agravar la controversia”, afirmó.
Las autoridades de Reino Unido han concedido media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos el suroeste del Océano Atlántico, incluido en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas.
A finales e 2025, la autoridades británicas aprobaron el proyecto Sea Lion, operado por la petrolera israelí Navitas (65 %), de la que también es socia la británica Rockhopper (35 %).
Sólo en el área de este proyecto, las empresas estiman que hay el equivalente a un total 1.700 millones de barriles de crudo.
Qué argumentó Reino Unido
Por su parte, el Reino Unido argumentó este martes que “no hay duda” acerca de su soberanía de las Islas Malvinas y que, por tanto, el país europeo tiene el derecho soberano en las áreas marítimas adyacentes y puede conceder licencias de explotación de hidrocarburos a empresas.
“La postura británica frente a la pretensión argentina está sólidamente cimentada. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes”, dijo la fiscal general del Reino Unid, Ellie Reeves, ante el TIDM.
La línea argumentativa de Reeves fue aseverar que el caso argentino ante el TIDM es una reclamación sobre la soberanía y por ende la corte no es competente en virtud de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR).
“(...) este caso constituye una disputa sobre soberanía territorial terrestre que escapa a la competencia del tribunal”, afirmó.
Indicó que la soberanía británica sobre las islas “se remonta a 1765, con una presencia y administración ininterrumpida, efectiva y pacífica desde enero de 1833” y que “la única interrupción a la administración pacífica británica fue la invasión armada perpetrada por Argentina en 1982”.
“La presencia y administración pacífica del Reino Unido se restableció dos meses después y se ha mantenido durante las décadas posteriores”, recalcó.
En 2013, “ante la persistente intimidación política y hostilidad de Argentina”, se celebró un referéndum en las islas sobre la conservación o no del estatus actual político como Territorio Ultramar del Reino Unido, “en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de continuar siendo británicos”, sostuvo.
”Argentina insiste, no obstante, en imponer su agenda política de reivindicación de soberanía", recalcó. “A pesar de ello, hemos procurado mantener un diálogo constructivo” y “el Reino Unido ha reiterado constantemente su disposición a cooperar con Argentina en temas de interés mutuo en el Atlántico sur y de forma más amplia”, señaló la fiscal general.
Por el contrario, sostuvo, “Argentina ha optado por recrudecer agresivamente su retórica en las últimas semanas”, y el presidente, Javier Milei, declaró en septiembre que las Islas Malvinas son una “causa nacional” y que se va a “tomar cartas en el asunto”.
Cómo sigue el cronograma en el Tribunal del Mar por el reclamo argentino por Malvinas
Según el cronograma oficial, tras los alegatos de la Argentina, el Reino Unido tuvo su primera réplica ante el tribunal de Hamburgo.
Este miércoles habrá una segunda ronda con repreguntas: la delegación argentina irá de 10.30 a 12 y la británica de 17.30 a 19, todo hora de Hamburgo. Las exposiciones serán en inglés o francés y se podrán seguir por streaming en el sitio del Tribunal del Mar.
El pedido forma parte del arbitraje que el Gobierno inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, el 13 de octubre la Argentina recurrió a Hamburgo para solicitar que se prevenga el inicio o la continuación de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental, que el Reino Unido se abstenga de agravar la disputa y que deje de impedir que el país cumpla con su obligación de proteger el medio marino.
El argumento central, según el Gobierno, es que la explotación inminente generaría un hecho consumado irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos, por lo que el reclamo no puede esperar los tiempos habituales de conformación del tribunal arbitral. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.
Tras las audiencias, el Gobierno estima que el Tribunal dictará su orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas, es decir, hacia la segunda mitad de noviembre o comienzos de diciembre. El antecedente que mencionan es el de la fragata Libertad, retenida en Ghana. En aquel episodio, la Argentina pidió medidas el 14 de noviembre de 2012, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30, y el buque fue liberado el 15 de diciembre. Aclaran, sin embargo, que ese caso no fija un plazo obligatorio.
Según explicaron fuentes oficiales, en el Ejecutivo evalúan tres escenarios. El primero es que el Tribunal acepte todo el planteo y ordene cesar la actividad. En ese caso, según afirmó el Gobierno, el Reino Unido ya se comprometió a acatar la orden, lo que detendría la explotación hasta que se resuelva el arbitraje.
El segundo es una decisión intermedia, con algunos pedidos aceptados y otros no. El tercero es que rechace la solicitud por falta de condiciones de urgencia o de jurisdicción prima facie. En ese supuesto no habría medidas, pero el arbitraje continuaría y la Argentina podría volver a pedir cautelares cuando el tribunal arbitral esté constituido. El Gobierno remarcó que ningún resultado implicaría darle validez legal a la actividad británica.
En la previa, en la Casa Rosada transmitieron optimismo sobre la audiencia, pero admitieron que la decisión depende de los magistrados y que el resultado no está garantizado. También aseguraron que mantendrán la ofensiva jurídica sin importar el fallo.
La estrategia oficial incluye otros frentes. Desde la cadena nacional que encabezó el Presidente en septiembre, el Gobierno envió más de 180 notas de desaliento a empresas vinculadas a Sea Lion y a los proyectos de exploración en la zona disputada, a sus proveedores de servicios, a licenciatarias de permisos de pesca y a los países de origen de esas compañías. Además inició 60 procedimientos sancionatorios -aunque en Balcarce 50 reconocen que todavía no se aplicaron penalidades definitivas- y presentó denuncias penales contra empresas y personas involucradas. Entre ellas, abrió procedimientos sancionatorios y penales contra la compañía Thales UK Limited por vuelos no autorizados en el espacio aéreo soberano con destino a las islas.
Ese esquema se completa con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a sustituir la Ley 26.659 y crearía el Sistema de Seguridad Nacional. Según el Gobierno, tiene tres pilares: castigar la explotación ilegítima de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos y la plataforma continental; generar incentivos para que los involucrados abandonen esa conducta, y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
La iniciativa ya tiene dictamen en Diputados, pero persisten diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados, en particular por las atribuciones y el control parlamentario del Consejo de Seguridad Nacional que contempla. A eso se suman la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, para reforzar la presencia en la Antártida y el control del Atlántico Sur, y la profundización de los reclamos diplomáticos históricos ante los organismos de Naciones Unidas.
