Tres hombres son juzgados en Ushuaia por supuestas maniobras irregulares vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales del Río Pipo. La fiscalía sostiene que se cobraban dinero y bienes a cambio de acceder a los listados.
USHUAIA. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal hoy inició el juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE.
Los imputados Carlos Córdoba y Miguel Arana enfrentan acusaciones por 22 hechos vinculados al programa habitacional de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo.
Durante la primera jornada, el fiscal Daniel Curtale expuso los hechos investigados y los fundamentos de la acusación. Según la causa, los acusados habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no reunían los requisitos exigidos para acceder a las viviendas sociales.
La investigación sostiene que empleados estatales y afiliados al gremio habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de ser incorporados en listados para acceder a una vivienda.
De acuerdo con la acusación fiscal, las maniobras se habrían concretado mediante el uso de funciones gremiales y gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y otros organismos públicos, además de la presentación de listados de postulantes que presuntamente no integraban el universo legítimo de beneficiarios.
El tercer imputado, Eric Moscoso Panozo, es juzgado por presunto lavado de activos. La fiscalía sostiene que habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las operaciones investigadas.
Al momento de las declaraciones indagatorias, Carlos Córdoba optó por no declarar. Por su parte, Miguel Arana respondió preguntas y señaló a Córdoba como el destinatario de los fondos obtenidos en las maniobras investigadas.
Posteriormente declaró Moscoso Panozo, quien negó los cargos y decidió no responder preguntas del Tribunal.
El juicio es presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, junto a los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Tras la primera audiencia, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 9:30, cuando comenzará la etapa de producción de prueba. Para esta instancia está prevista la declaración de alrededor de 20 testigos.
Las defensas están a cargo del Defensor Público José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.
