Por Marcelo R. Cimino Argondizzo
Desde el anuncio de Javier Milei del pasado 3 de septiembre, el Gobierno nacional comenzó a instrumentar una serie de medidas presupuestarias y administrativas destinadas a reactivar la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia. Las declaraciones del ministro Carlos Presti anticiparon el alcance estratégico del proyecto y un cronograma de ejecución que ahora empieza a traducirse en procedimientos concretos de contratación.
«Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina». Con estas palabras, el presidente Javier Milei presentó, durante la cadena nacional del 3 de septiembre de 2026, la decisión de ampliar los recursos destinados a la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El anuncio se produjo en el marco de una serie de medidas vinculadas con la política argentina respecto de las Islas Malvinas y la necesidad de fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur. El mandatario anticipó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con el objetivo prioritario de avanzar en la construcción de la instalación naval e incrementar las capacidades argentinas en telecomunicaciones.
La iniciativa, sin embargo, no constituye un proyecto nuevo. Su desarrollo formal comenzó en marzo de 2022, durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, cuando se anunció el inicio de los trabajos en el predio ubicado en la península de Ushuaia. La planificación contemplaba distintas etapas, incluyendo instalaciones industriales, infraestructura de servicios, un muelle militar y edificios administrativos, además de las capacidades logísticas vinculadas con la actividad antártica.
El avance, no obstante, resultó considerablemente más lento de lo previsto. De acuerdo con documentación oficial presentada ante el Congreso, la obra registraba un avance físico del 9,13 % en diciembre de 2023, porcentaje que permanecía sin modificaciones en agosto de 2025.
La situación fue expuesta con mayor crudeza por el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, quien señaló que, pese a haberse destinado aproximadamente 27 millones de dólares, en el predio apenas se encontraban un contrapiso y un monolito. La afirmación introduce un interrogante inevitable sobre el destino y la aplicación efectiva de aquellos recursos, una cuestión que merece ser esclarecida a partir de la documentación de ejecución financiera y certificaciones de obra.
El respaldo presupuestario y las definiciones de Defensa
Al día siguiente del anuncio presidencial se oficializó, mediante el Decreto 867/2026, una modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional que incrementó los créditos del área de Defensa en aproximadamente $217.954 millones. La reasignación comprendió distintas jurisdicciones y organismos del sector, por lo que no corresponde atribuir la totalidad de ese importe exclusivamente a la Base Naval Integrada. No obstante, el refuerzo presupuestario fue presentado por el Gobierno como parte de los recursos destinados a impulsar este proyecto y completar la Base Antártica Conjunta Petrel.
El 10 de septiembre, el ministro de Defensa, Carlos Presti, calificó la iniciativa como «un antes y un después» para la defensa argentina y destacó su importancia estratégica. Al día siguiente, acompañado por el canciller Pablo Quirno y las máximas autoridades militares, recorrió el predio donde se emplazará la futura instalación y mantuvo una reunión con el gobernador fueguino Gustavo Melella.
Durante esas jornadas, el funcionario comenzó a precisar los objetivos y plazos de ejecución. En declaraciones posteriores, anticipó que los trabajos comenzarían en enero de 2027 y estimó una inversión global del orden de los 450 millones de dólares, distribuida en cuatro años.
El concepto operativo presentado por Defensa contempla convertir a Ushuaia en una plataforma logística para el Atlántico Sur y la actividad antártica, con capacidad para brindar apoyo a buques propios y de terceros países. La articulación con la Base Antártica Conjunta Petrel constituye otro componente de esa planificación.
De las declaraciones a los procedimientos de contratación
Durante octubre comenzaron a aparecer en el Boletín Oficial los primeros instrumentos administrativos que permiten dimensionar el paso de los anuncios a la etapa de contratación.
El 9 de octubre se publicó la Resolución 704/2026 del Ministerio de Defensa, mediante la cual se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional 38-0493-LPU26 para la construcción del muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia. El presupuesto oficial establecido asciende a $189.321.118.168, con valores de referencia al 1 de septiembre de 2026.
La convocatoria fue publicada posteriormente en la sección Contrataciones del Boletín Oficial, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 20 de noviembre de 2026.
Una segunda iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 733/2026, publicada el 20 de octubre. En este caso, se autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional 38-0502-LPU26 para la construcción de galpones modulares y obras complementarias, con un presupuesto oficial de $7.638.061.962, referido al 31 de julio de 2026.
La correspondiente convocatoria, identificada como Licitación Pública 0502/2026, estableció el 19 de noviembre como fecha para la presentación y apertura de ofertas.
De esta manera, al 6 de noviembre de 2026, se encuentran publicados dos procedimientos licitatorios concretos vinculados con la infraestructura de la Base Naval Integrada: uno destinado a la construcción del muelle militar y otro a los galpones modulares y obras complementarias.
Una etapa que todavía debe traducirse en obras
El recorrido administrativo permite identificar un cambio respecto de la situación que caracterizó al proyecto durante los últimos años. Existe ahora un refuerzo presupuestario, una conducción política que ha expresado públicamente su prioridad, un cronograma anunciado y dos procedimientos de contratación en marcha.
Sin embargo, conviene mantener una distinción fundamental: autorizar y publicar una licitación no equivale a adjudicar una obra, firmar un contrato ni iniciar su ejecución. Esos serán los próximos hitos que permitirán evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
También resta conocer cómo se instrumentarán las restantes instalaciones previstas, la provisión de servicios, la infraestructura de apoyo y las capacidades necesarias para convertir el emplazamiento en un verdadero centro logístico austral.
La Base Naval Integrada Ushuaia representa una infraestructura de importancia estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. Su concreción, sin embargo, dependerá menos de la dimensión de los anuncios que de la continuidad presupuestaria, la ejecución de los contratos y el cumplimiento efectivo de cada etapa del proyecto.
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