La Fiscalía de Género y la Defensoría Penal aplican en Río Grande un esquema de Justicia Restaurativa que cierra causas mediante aportes a comedores y asociaciones civiles.
RÍO GRANDE.– En causas por desobediencia judicial, la Fiscalía de Género y la Defensoría Penal implementan en esta ciudad mecanismos de Justicia Restaurativa que permiten extinguir la acción penal mediante acuerdos reparatorios con impacto comunitario.
El procedimiento se enmarca en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, que habilita soluciones alternativas al juicio cuando las partes alcanzan un entendimiento que contempla la reparación del daño. Bajo esta modalidad, el mes pasado se resolvieron cuatro causas, lo que representa un incremento del 50% respecto del mismo período del año anterior.
El esquema consiste en que la persona imputada asuma una reparación concreta en lugar de continuar el proceso hasta una eventual sentencia. Esa reparación puede materializarse en un aporte económico o en la entrega de alimentos y productos de primera necesidad destinados a instituciones locales.
De este modo, quien incumplió una orden judicial asume una responsabilidad tangible y verificable, mientras que organizaciones sociales reciben recursos para sostener su labor cotidiana. Los principales destinatarios de estos acuerdos son comedores barriales y asociaciones civiles sin fines de lucro que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.
Además del beneficio social directo, el mecanismo permite descomprimir el sistema judicial, agilizar la tramitación de expedientes y optimizar recursos. La experiencia consolida un enfoque centrado en la reparación del daño y en la generación de resultados concretos para la comunidad, priorizando soluciones eficaces por sobre la mera imposición de una pena.
