Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país.
La intervención fue simbólica y no violenta, en el marco del debate legislativo que se desarrolla hoy en el Senado. Desde Greenpeace señalaron que la detención de manifestantes pacíficos en un contexto de discusión parlamentaria sobre el agua como derecho resulta preocupante desde el punto de vista democrático.
“Nuestra protesta fue pacífica y tuvo un objetivo claro: advertir que esta reforma debilita los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron los glaciares como reservas estratégicas de agua en Argentina. Lo que hoy se discute en el Senado no es un detalle técnico, sino la posibilidad de reducir el estándar nacional que garantiza que estas fuentes de agua dulce no queden sujetas a decisiones discrecionales de las provincias. Eso implicará un retroceso en la seguridad hídrica del país y en la protección de un bien común esencial”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
Desde la organización explicaron que el proyecto en debate modifica el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, trasladando definiciones clave a las provincias y condicionando el resguardo de estos cuerpos de hielo a criterios de “función hídrica demostrable y relevante”. Según Greenpeace, esto introduce mayor discrecionalidad en decisiones que hoy están amparadas por un criterio científico uniforme a nivel nacional.
Asimismo, advirtieron que reducir el alcance de la ley en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar incrementa la vulnerabilidad hídrica de amplias regiones del país, donde el deshielo cumple un rol central en la regulación de caudales y en el abastecimiento de agua para los ecosistemas, consumo humano y actividades productivas.
La organización reafirmó que la protección de los glaciares fue una conquista social sostenida durante años por miles de personas en defensa del agua como bien común, y sostuvo que cualquier modificación que implique retroceder en ese estándar debe ser evaluada con máxima responsabilidad institucional.
“La protección de los glaciares no es una consigna, es una decisión estratégica y una política de Estado sobre el agua que necesita la Argentina en las próximas décadas. Esperamos que el Congreso esté a la altura de esa responsabilidad histórica y no retroceda en un estándar que la propia sociedad ayudó a construir”, concluyó el vocero de la organización.
– © Martin Katz / Greenpeace
