En el espectro de los operadores judiciales privados como son los abogados de la matrícula, es ya renuente el malestar ante la continuidad de medidas de fuerza sindicales en los tribunales de Campamento YPF, de la mano de un reclamo salarial al cual el Superior Tribunal ha respondido con una limitación presupuestaria insalvable.
Ante dicha respuesta las medidas de fuerza se han mantenido y recrudecido con la reducción intempestiva de las jornadas laborales en proporción a lo que entienden los gremios judiciales es la portergación salarial en el sector.
El malestar de abogados ante atrasos en tiempos procesales y causas que se acumulan, se traduje en un pronunciamiento del presidente del Colegio de Abogados, Renán Uribe, cuestionando las medidas como condicionante del desarrollo normal de los procesos y tiempos de los mismos.
Incluso en el seno de los abogados se cuestiona “la falta de descuento salarial” a las jornadas de protesta de los empleados, como parte de una política que el Superior Tribunal de justicia no aplica en pos de tratar de sostener una mínima convivencia laboral, en detrimento claro del servicio de Justicia.
El justificado reclamo de los abogados en representación de los intereses de sus clientes, tuvo un fuerte rechazo en un comunicado conjunto de los gremios de la Unión (UEJN) y SEJUP, quienes emitieron; “nos genera especial alarma es que, a partir de esa consideración, se sugiera al Superior Tribunal de Justicia la utilización de determinadas “herramientas” frente al ejercicio de las medidas de fuerza, mencionándose entre ellas la quita del presentismo o el descuento de los días de paro“.
“Resulta particularmente preocupante que quien ocupa la máxima representación institucional del Colegio Público de Abogados de Río Grande plantee consecuencias económicas sobre las y los trabajadores judiciales por el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga“.
“Esta posición, además, contrasta con el diálogo institucional que históricamente hemos procurado mantener”, agregando, “detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa. Hay trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del servicio de justicia y que, aun contando con años de antigüedad, experiencia y capacitación, perciben remuneraciones que no alcanzan a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas ni representan la dignidad salarial que corresponde a la responsabilidad de las funciones que desempeñan”.
“También corresponde recordar que estas mismas organizaciones gremiales han actuado con responsabilidad y comprensión frente a planteos provenientes de los propios Colegios de Abogados”, le recriminaron finalmente.
Finalmente cuestionaron con una chicana, “¿estaría dispuesto el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?”, se preguntaron.
Aclararon además que “los trabajadores judiciales sostienen las guardias mínimas necesarias para garantizar la atención de los asuntos urgentes, compatibilizando de esta manera el legítimo ejercicio del derecho de huelga con la atención de aquellas situaciones que, por su naturaleza, no admiten demora”.
