Durante el encuentro, remarcó la importancia de dotar a los hospitales públicos de la atribución legal para iniciar acciones judiciales contra las obras sociales privadas que adeuden pagos por prestaciones brindadas en los centros de salud provinciales, evitando así que los hospitales terminen financiando a entidades que desvían recursos en perjuicio del sistema sanitario público.
“Hoy planteamos la necesidad de reconocer a los hospitales públicos la atribución legal de iniciar en la justicia el cobro de las deudas de obras sociales privadas. Esta es parte de la deuda que afecta el funcionamiento del sistema de salud público”, enfatizó Villegas. A su vez, subrayó que si bien es relevante sanear en términos económicos y financieros la obra social, lo más urgente es hacerlo con los hospitales públicos.
“Para eso tenemos que cambiar algunas reglas de juego que hoy imposibilitan a los directores ejecutar las deudas que tienen las obras sociales. No puede ser que los hospitales públicos sigan financiando no solo al OSEF, sino también a las obras sociales privadas, que direccionan esos recursos a otro destino y generan una crisis en la atención médica hospitalaria. Esta situación impide la compra de insumos y la contratación de nuevos profesionales, ya que la Ley 1004 pone en cabeza de los directores de los hospitales el gerenciamiento de los bienes”.
La crítica situación se refleja en el Hospital Regional de Ushuaia, donde un total de 94 obras sociales, ART y particulares mantienen deudas millonarias por prestaciones impagas. Entre los mayores deudores se encuentran: OSEF (Estado Fueguino) con una deuda de $1.980.148.017,86, OSUTHGRA (Gastronómicos) con $390.371.233,93, UOM-OSUOMRA (Metalúrgicos) con $333.095.906,68, Unión Personal (Trabajadores pasivos y activos) con $256.918.797,94, PAMI (Jubilados Nacionales) con $178.954.548,05 e IOSFA (Fuerzas Armadas) con $105.167.472,83.
Ademas, la iniciativa propone redistribuir los fondos obtenidos por el recupero de gastos hospitalarios para optimizar la productividad, mejorar las condiciones laborales del personal, incentivar el desempeño mediante adicionales salariales y fortalecer la permanencia de profesionales en los hospitales de Ushuaia y Río Grande.
En cuanto a la Ley 1004, el proyecto de Villegas propone que las deudas impagas de las obras sociales privadas generen un interés moratorio y punitorio, fijado conforme a la tasa de interés activa del Banco de Tierra del Fuego a partir de los 180 días de mora, además de facultar a los Directores de los Hospitales Provinciales a iniciar las acciones de cobro en sede judicial.
“Es fundamental contar con mecanismos que maximicen la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y generen alternativas de financiamiento para garantizar una atención médica de calidad”, concluyó Villegas, reiterando el pedido a sus pares legislativos para acompañar la aprobación de esta iniciativa.
Villegas (MPF) criticó la decisión del presidente de la Comisión de Educación Nº 4, el legislador oficialista Federico Sciurano, de suspender la reunión prevista para el pasado viernes. “Resulta inadmisible que, ante una situación tan grave como la falta de clases y el deterioro de la infraestructura escolar en Ushuaia, se decida no escuchar al ministro del área. El oficialismo le da la espalda a una problemática que afecta directamente a miles de estudiantes y docentes”.
“Se había convocado al ministro para que rinda cuentas y explique por qué no hay clases en muchas escuelas, y por qué, pese a la existencia de leyes de emergencia que le habilitaron recursos extraordinarios y mecanismos ágiles de contratación, no se resolvieron los problemas edilicios que afectan el normal desarrollo del ciclo lectivo”, cuestionó Villegas.
En ese sentido, el legislador fue tajante: “El derecho a la educación no puede seguir siendo vulnerado. Vamos a seguir exigiendo que el Gobierno rinda cuentas y garantice clases para nuestros jóvenes”, enfatizó.
Villegas también expresó su preocupación por lo que calificó como “una constante” en la gestión del Ejecutivo: “Lamento sinceramente que este Gobierno insista en no dar explicaciones, ni brindar soluciones. Pero eso no nos va a impedir seguir reclamando lo que corresponde. La educación es un derecho humano fundamental y debe ser garantizada con seriedad y compromiso”, finalizó.
