El Mandatario Provincial, fue categórico: "los argumentos esgrimidos por la ANPyN son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos, no hay desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte en el puerto y está auditado. Han montado una película con una gravedad institucional muy fuerte".
La resolución de la ANPyN citó como causales supuestas "malversación y desvío de fondos públicos" vinculados a la Ley 1596 (de fortalecimiento de la obra social OSEF), y una alegada "desinversión" que ponía en riesgo la operatividad portuaria. Al respecto, Melella fue contundente: "esa ley fue votada por unanimidad por los 15 legisladores, incluso por los de La Libertad Avanza. Ni un solo peso se tocó para ese fin. Si creían que había un delito, ¿por qué no hicieron la denuncia penal correspondiente? En cambio, optaron por este atropello".
El Mandatario detalló la sucesión de irregularidades: una notificación vía WhatsApp, la orden de derivar los fondos portuarios a una cuenta de la ya disuelta Administración General de Puertos (AGP) –"un organismo que ellos mismos dieron de baja por 'corrupto' hace un año"–, y el contacto directo de la ANPyN con empresas para desviar los pagos. "Es un mamarracho. Lo único que genera es sospecha sobre sus verdaderas intenciones", afirmó.
Melella planteó que detrás de esta medida extrema solo existen dos hipótesis, ambas gravísimas para la Provincia.
Por un lado, planteó que quizás responda a un acuerdo geopolítico del Gobierno Nacional para ceder espacios de soberanía: "Puede ser una cuestión geopolítica de entrega de nuestro puerto a algún país extranjero. La llegada de un avión oficial norteamericano con una delegación de senadores y miembros de la embajada, que no notificaron su visita, alimenta este manto de sospecha. Nada que venga de una superpotencia se hace 'porque sí'".
Y por otro lado, un posible intento de apropiación por parte de intereses económicos privados: "Conocemos al responsable de esta agencia y sus vínculos con empresarios y políticos locales que siempre han deseado quedarse con el puerto como si fuera un botín. Esto podría ser el paso previo a una privatización encubierta".
El Gobernador subrayó la magnitud institucional del acto: "esto es una intervención encubierta. Atenta contra la autonomía de la provincia, desconoce nuestras instituciones electas por el pueblo y nuestro Poder Judicial. Hoy lo hacen con el puerto, mañana pueden hacerlo con cualquier otra institución o provincia. Es un precedente peligrosísimo".
La demanda, presentada por el Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, solicita la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la ANPyN, el cese inmediato de la intervención y una medida cautelar para frenar el "daño irreparable" que significa la sustracción diaria de recursos provinciales. "Confiamos en que la Justicia Federal actuará con celeridad. Los fundamentos de la ANPyN no existen y la forma en que se hizo viola todos los procedimientos", concluyó Melella.
