En la semana un grupo de activistas antivacunas se presentó en los tribunales de Campamento YPF, ante la fiscalía del Distrito Judicial Norte (foto), donde se expusieron cuestiones que fueron divididas en dos causas.
Una a nivel general contra las autoridades sanitarias de la provincia por la aplicación de las vacunas que consideran nocivas para la Salud, de la cual la fiscalía Mayor elevó las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia a fin de que considere que distrito judicial tiene competencia, si Ushuaia o Río Grande, en razón de que la administración central del ministerio de Salud se encuentra en la capital provincial.
El segundo caso fue en particular, denunciado por un hombre dando cuenta de que su mujer, paciente de esclerosis múltiple, habría visto agravada su condición de salud a partir de que le fue suministrada la vacuna, asegurando que ello fue a modo “obligatorio”.
En tal sentido el fiscal Ariel Pinno requirió respecto de la presentación a fin de que se investigue, solicitando una serie de medidas de pruebas médicas, así como también administrativas respecto de lo que fue la campaña de vacunación y determinar si efectivamente tuvo un carácter obligatorio o si la paciente brindó su consentimiento.
