El legislador Matías Lapadula del bloque Provincia Grande, cuestionó el funcionamiento de la sociedad estatal Tierra Ignis; y remarcó la falta de transparencia y graves irregularidades en los estados contables y el incumplimiento de normas legales, estatutarias y comerciales, además del intento de designación de un nuevo síndico sin información sobre su identidad e idoneidad.
«Yo no voy a votar a un síndico sin saber quién es. Hay cuestiones graves, incumplimientos, no solo con la ley de creación, sino con su estatuto, con la ley de sociedades comerciales, y no hay ninguna observación por parte de la sindicatura», dijo Lapadula, en diálogo con Radio Provincia.
«No entiendo cómo la Inspección de Justicia procedió a inscribir una Sociedad, en este caso Tierra Ignis, sin que haya depositado el capital social mínimo del 25% como dicen todas las normativas»; señaló el Legislador.
«Quiero ver el balance del 31 de diciembre del 2024, porque además el Estado Provincial puso dinero -a mi entender – también de una manera irregular para solucionar el problema energético de Ushuaia, y todavía ningún funcionario me pudo responder por qué se hizo a través de esta Sociedad y no se hizo, por ejemplo, a través de la Dirección Provincial de Energía el alquiler de los equipos, ya que tenía las herramientas a través de la Ley de Emergencia».
Pérdidas Millonarias
Por otra parte, Lapadula, detalló que «en el balance del 31 de diciembre del 2023 arroja una pérdida de 237 millones. Es decir, tenemos una sociedad recién creada por el Estado provincial que en su primer balance -que no tuvo actividad- perdió 237 millones de pesos en un capital de 300 millones».
«Me parece muy grave, sobre todo cuando no hay plata para la OSEF, para arreglar las escuelas, o para sentarse en paritarias a arreglar un salario digno los trabajadores de la administración pública. Se dilapidan recursos en una Sociedad que para lo único que sirve, evidentemente, es para ofrecer cargos a determinados sectores», reclamó el Legislador de Provincia Grande.
«Espero que cumplan en contestar los pedidos de informes de la Legislatura y que en estos días remitan los estados contables al 31 de diciembre del 2024, porque debemos conocer qué es lo que están haciendo con fondos públicos», concluyó Lapadula.
