Tierra del Fuego aparece entre las provincias más afectadas por la conflictividad laboral durante el gobierno de Javier Milei. Pese a su menor población y dimensión económica en comparación con otros distritos, la provincia ocupa el sexto lugar nacional en cantidad de casos registrados, un dato que adquiere particular relevancia en medio de las dificultades que atraviesa la industria fueguina.
La información analizada por Critica Sur surge del último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 12 de noviembre, que analizó los conflictos laborales registrados en el país entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026.
Durante ese período, el centro de estudios identificó al menos 953 situaciones de conflictividad laboral, de las cuales aproximadamente 45 corresponden a Tierra del Fuego. Esto representa el 4,7% del total nacional.
Por delante de la provincia se ubican Buenos Aires, con 266 conflictos; Santa Fe, con 99; Córdoba, con 66; La Rioja, con 65; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 54. Detrás aparecen Entre Ríos, San Juan y Tucumán, entre otras jurisdicciones.
La posición de Tierra del Fuego resulta significativa, especialmente porque supera en cantidad de casos a provincias con poblaciones considerablemente mayores. Sin embargo, el informe mide conflictos registrados y no tasas calculadas sobre la cantidad de habitantes o trabajadores, una diferencia importante al momento de comparar jurisdicciones.
El panorama nacional encuentra un correlato en la situación que atraviesa Río Grande, donde la actividad industrial viene mostrando señales de deterioro, con reducción de personal, retiros voluntarios e incertidumbre sobre la continuidad laboral en distintas empresas.
Entre los episodios recientes se encuentra la situación de BGH, donde se conoció un proceso de reducción de personal mediante retiros voluntarios, además de los conflictos vinculados con Mirgor y los despidos denunciados en el sector autopartista.
A esto se suma el caso de Aires del Sur, que atravesó una crisis laboral antes de avanzar en un proceso de reincorporación de trabajadores bajo un nuevo esquema productivo, y las dificultades que enfrenta la actividad textil.
Si bien el informe del CEPA no identifica individualmente los 45 conflictos registrados en Tierra del Fuego, estos antecedentes permiten dimensionar las tensiones que atraviesa el empleo privado provincial, especialmente en sectores vinculados con la producción industrial.
La industria concentra casi dos de cada tres conflictos laborales
Uno de los datos más contundentes del estudio es la concentración de los conflictos en el sector industrial, que representa el 65,3% de los casos relevados en todo el país.
Entre las actividades más afectadas aparecen la industria textil, alimenticia, metalúrgica y siderúrgica. El informe vincula esta situación con la caída del consumo, la apertura de importaciones y las dificultades que enfrentan numerosas empresas para sostener sus niveles de producción.
Los servicios representan el 15,9% de los conflictos, seguidos por el comercio, con el 8,4%; las actividades primarias, con el 7,9%; y la construcción, con el 2,5%.
Para Tierra del Fuego, donde una parte importante del empleo privado depende de la actividad manufacturera, el peso de la industria en la conflictividad nacional constituye un indicador especialmente sensible.
El relevamiento también señala que los despidos continúan siendo la principal causa de los conflictos laborales, con el 53,7% de los casos. Le siguen los cierres de empresas, con el 17,5%; las crisis empresariales, con el 10,7%; y las suspensiones, con el 9,1%.
En menor proporción aparecen las quiebras, los retiros voluntarios, los concursos preventivos y los reclamos vinculados con las condiciones laborales.
El CEPA incorpora además datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según los cuales entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en Argentina.
Se trata de un indicador diferente al relevamiento de conflictos, pero que permite dimensionar el deterioro del empleo formal durante el período analizado.
De los despidos al cierre de empresas
Más allá de la cantidad de conflictos, el informe advierte sobre un cambio en su gravedad.
Mientras que durante 2024 predominaban los despidos y las suspensiones, con el transcurso de los meses comenzaron a ganar protagonismo situaciones más difíciles de revertir, como el cierre definitivo de establecimientos, las quiebras y los concursos preventivos.
En 2024, estos últimos representaban apenas el 6,2% de los conflictos relevados. Durante 2025, la proporción aumentó al 17,6% y en lo que va de 2026 alcanzó el 39,9%.
La tendencia se profundizó durante el segundo semestre de este año, cuando el 56,5% de los casos registrados correspondió a cierres, quiebras o concursos preventivos.
El centro de estudios también identificó al menos 46 empresas que inicialmente atravesaron despidos, suspensiones o situaciones de crisis y que posteriormente terminaron en procesos de cierre, quiebra o concurso preventivo.
Entre los casos mencionados aparecen Electrolux, Dass, Metalfor, Granja Tres Arroyos, Musimundo y SanCor, empresas de distintas actividades productivas y comerciales que atravesaron procesos de reducción de personal y dificultades para sostener sus operaciones.
Este cambio representa uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento: ya no se trata únicamente de empresas que reducen sus planteles de trabajadores, sino también de establecimientos que dejan de producir o enfrentan problemas para continuar funcionando.
La evolución mensual también refleja un agravamiento. Entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron, en promedio, 25 conflictos laborales por mes. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, esa cifra ascendió a 33, lo que representa un incremento del 32%.
Otro dato significativo es que las pequeñas y medianas empresas concentran el 41% de los conflictos registrados. Les siguen los conglomerados extranjeros, con el 23,5%; las grandes empresas, con el 21,8%; los grandes grupos económicos, con el 9,7%; y las empresas estatales, con el 4%.
Además, el 74,2% de los casos corresponde a compañías de capital nacional.
Para el CEPA, estos indicadores reflejan el impacto de las transformaciones económicas y productivas sobre el empleo, particularmente en las actividades industriales y en las empresas más expuestas a la caída de la demanda interna.
En el caso de Tierra del Fuego, el relevamiento aporta una dimensión nacional a una problemática que se expresa cada vez con mayor intensidad en el entramado productivo provincial.
Que una provincia con una población relativamente pequeña concentre el 4,7% de los conflictos laborales identificados en Argentina constituye una señal de atención, aunque el estudio no permite establecer cuántos trabajadores fueron afectados específicamente en el territorio fueguino.
El informe tampoco incluye la totalidad de los conflictos ocurridos en el país, sino aquellos identificados mediante el seguimiento de medios de comunicación y fuentes sindicales. Por esa razón, los resultados deben interpretarse como un registro de situaciones documentadas y no como un censo exhaustivo.
Aun con esa limitación, los datos ubican a Tierra del Fuego entre las jurisdicciones con mayor cantidad de conflictos laborales relevados durante los últimos casi tres años y permiten observar que las dificultades de la industria fueguina forman parte de un escenario nacional en el que los despidos, las crisis empresariales y los cierres de establecimientos adquirieron un protagonismo creciente.
