Tierra del Fuego, entre las provincias que no recibió ATN en lo que va del 2025

En los primeros cinco meses del año, el Gobierno nacional distribuyó más de $72.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distintas provincias argentinas. Sin embargo, Tierra del Fuego no figura entre los distritos beneficiados, a pesar del contexto de dificultades económicas que atraviesa la región. Según los datos oficiales, 13 provincias recibieron transferencias discrecionales por parte del Tesoro, principalmente para atender emergencias climáticas, desequilibrios financieros y situaciones sociales críticas. Entre las jurisdicciones que sí recibieron fondos figuran Neuquén ($15.000 millones), Buenos Aires ($10.000 millones), Chubut ($7000 millones) y Santa Cruz ($4500 millones). En contraste, cinco provincias no recibieron ni un solo peso en ATN desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Se trata de La Rioja, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Este dato genera preocupación en el arco político y económico fueguino, en un escenario donde los recortes a las transferencias no automáticas —es decir, las que dependen de la decisión del Ejecutivo nacional— han profundizado las tensiones entre Nación y las provincias. Cabe destacar que en todo 2024 se enviaron $49.800 millones en ATN, un 72% menos que en 2023. El salto de este año, con $72.000 millones girados en apenas cinco meses, marca una reorientación en el uso de estos recursos, aunque no de manera equitativa. El criterio utilizado por la Jefatura de Gabinete para justificar estas transferencias menciona la atención de emergencias y desequilibrios financieros. No obstante, desde sectores fueguinos cuestionan la falta de asistencia, especialmente teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias locales, el impacto de la inflación y la caída del consumo. En este contexto, el silencio del Gobierno nacional frente a los pedidos de apoyo económico a Tierra del Fuego vuelve a tensar el vínculo institucional y alimenta el reclamo de una distribución más equitativa de los recursos federales.