El Gobierno decidió poner en pausa cualquier decisión sobre la auditoría que se estaba haciendo sobre todas las pensiones por discapacidad que existen actualmente en el país, mientras avanza la inspección interna sobre la ANDIS, el organismo que estaba a cargo de esa tarea y que fue intervenido luego de que se filtraran audios de su entonces director, Diego Spagnuolo, reconociendo una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos.
La determinación la tomó el ministro de Salud, Mario Lugones, quien visita semanalmente la Casa Rosada para informarles al asesor presidencial, Santiago Caputo, cómo continúa el proceso de reordenamiento de la entidad.
Hasta el momento, la agencia dio de baja a un total de 128.667 beneficiarios que durante la gestión del desplazado abogado se había detectado que habían ingresado al sistema con diferentes irregularidades.
De ellas, 110.522 correspondían a pensiones mal otorgadas por varios motivos -como gente que presentó la misma radiografía, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión-, otras 8.107 eran entregadas a personas que ya habían fallecido y las 10.038 restantes iban a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.
Así lo anunció meses atrás el vocero Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa explicó que se trataba de un proceso progresivo que abarcaría a más de un millón de casos.
Sin embargo, a partir de la publicación de las grabaciones en las que Spagnuolo aseguraba que había sobreprecios en la compra de medicamentos, no solo se decidió suspender esa tarea, sino también revisar nuevamente las más de 120 mil bajas ya efectuadas.
Las autoridades nacionales intervinieron la ANDIS y comenzaron con una investigación interna de todo lo que se hizo durante la administración del abogado, con el objetivo de detectar posibles irregularidades.
“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, explicó a Infobae una fuente cercana a Lugones.
Mientras dure ese proceso, no se seguirán enviando citaciones ni se avanzará con los controles presenciales sobre los 1.013.400 de beneficiarios que cobran este beneficio por invalidez laboral.
Tras la publicación de esta nota, las autoridades nacionales aclararon que “técnicamente el procedimiento de baja o altas de pensiones no se pausó”, ya que la ANDIS “sigue trabajando“, aunque “cualquier definición que se vaya a tomar va a ser con los resultados de la auditoria”.
Tampoco se implementará por el momento la idea de que la ANDIS, que es un organismo descentralizado, sea transformado administrativamente en un área dentro del Ministerio de Salud, como se analizó recientemente para tratar de transparentar las licitaciones.
Al tener esa condición, la entidad podía manejar su propio presupuesto y hacer compras y contrataciones sin pasar por la cartera que conduce Lugones: “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, explicaron en aquel entonces las fuentes consultadas.
Una de las principales trabas para implementar las modificaciones en la agencia y que pasara a ser un área más del Ministerio era que el Gobierno ya no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, por lo que la medida tendría que pasar por el Congreso.
Este jueves, en el Senado, la oposición desactivó un reciente veto del Poder Ejecutivo -por primera vez en más de 20 años- e insistió con la ley que declara la emergencia en discapacidad.
La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor, otorgados por el kirchnerismo, pero también por varios radicales, macristas y bloques provinciales, y tan solo siete en contra.
El presidente Javier Milei considera que la medida afecta fuertemente el equilibrio fiscal, por lo que tiene pensado judicializar la cuestión para evitar cumplir con los aumentos previstos.
