Sin fechas ni montos: la Provincia no presentó un plan para cancelar la deuda con Río Grande

La deuda que el Gobierno de Tierra del Fuego mantiene con Río Grande continúa sin una solución concreta. Después de más de tres horas de negociaciones entre autoridades provinciales y municipales, no se logró establecer un cronograma para transferir los más de 17.294 millones de pesos que reclama la ciudad en concepto de coparticipación y otros recursos pendientes. El encuentro se desarrolló este martes con la participación del ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y representantes de los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Por la ciudad del norte de la provincia asistió la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, acompañada por integrantes de las áreas económica y legal. Al finalizar la reunión, la funcionaria municipal expresó su preocupación por la ausencia de compromisos concretos para regularizar las transferencias. Si bien desde la Provincia se reconoció la existencia de fondos pendientes, la posibilidad de comenzar a reducir la deuda quedó vinculada a la eventual llegada de recursos extraordinarios del Gobierno nacional. “Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, manifestó Capotorto, quien cuestionó que tampoco se hayan presentado fechas ni montos estimados para comenzar a resolver la situación. Según explicó, el Ejecutivo provincial informó que se encuentra gestionando fondos adicionales ante Nación, aunque todavía no existe confirmación sobre su disponibilidad. Esta incertidumbre impide conocer cuándo podrían comenzar a normalizarse las transferencias y qué porcentaje de la deuda acumulada sería cancelado. Uno de los principales cuestionamientos del Municipio está relacionado con el destino de los recursos coparticipables. Desde Río Grande sostienen que los fondos ingresaron a las cuentas provinciales, pero no fueron distribuidos a las administraciones municipales dentro de los plazos correspondientes. Capotorto aseguró que esta situación puede comprobarse mediante registros oficiales del Ministerio de Economía nacional y documentación administrativa, además de informes de los organismos de control provinciales y municipales. “La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, afirmó la secretaria de Finanzas, al cuestionar que la Provincia utilice esos ingresos para atender compromisos propios antes de realizar las transferencias. En ese sentido, fue más allá y sostuvo que el Gobierno provincial estaría financiando parte de sus obligaciones con recursos que deberían llegar a las ciudades. “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”, expresó. La funcionaria también señaló que los retrasos en las transferencias ya superan los 45 días. Como ejemplo, mencionó que la Provincia completó recién el 19 de octubre los envíos correspondientes a julio, situación que, según indicó, quedó reconocida en un decreto notificado recientemente. Para la administración municipal, estas demoras representan una dificultad que excede los números de una deuda acumulada. La falta de previsibilidad sobre los ingresos condiciona la planificación económica y obliga a reorganizar recursos destinados al funcionamiento cotidiano de la ciudad. Entre las prestaciones que dependen de esos fondos se encuentran la potabilización y distribución de agua, la recolección de residuos, el transporte público, el mantenimiento urbano, las obras de infraestructura y los servicios municipales de salud. Capotorto aseguró que el pago de los salarios de los trabajadores municipales continuará garantizado, aunque advirtió que la persistencia de los atrasos podría afectar progresivamente la capacidad de cumplir con otras obligaciones. Durante las negociaciones también se abordó la situación de los adelantos de coparticipación solicitados por la Provincia. Río Grande pidió precisiones sobre las condiciones de devolución y los intereses asociados, con el objetivo de evitar que esas obligaciones financieras terminen afectando los recursos que corresponden legalmente al Municipio. “Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, remarcó la funcionaria. Pese a la falta de acuerdo sobre los pagos, las partes firmaron una minuta que contempla la continuidad de las conversaciones. El Gobierno provincial asumió el compromiso de intentar reducir los atrasos si consigue financiamiento extraordinario y, en caso de no obtenerlo, presentar una alternativa para abordar la deuda. También se establecieron dos nuevos encuentros técnicos: el primero tendrá lugar el 13 de noviembre en Tolhuin y el segundo el 24 de noviembre en Ushuaia. Allí se continuará analizando la situación financiera y los mecanismos de distribución de los recursos entre la Provincia y los municipios. Sin embargo, desde Río Grande remarcaron que los compromisos asumidos hasta el momento no incluyen una fecha efectiva de pago ni precisan cuánto dinero podría recibir la ciudad para comenzar a reducir los montos pendientes. Frente a este escenario, el Municipio mantiene abierta la posibilidad de avanzar con nuevas actuaciones administrativas y judiciales para reclamar los fondos, sin descartar que se analicen eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en las demoras. La gestión municipal ratificó su disposición a continuar participando de las instancias de diálogo, pero insistió en que las próximas reuniones deberán traducirse en compromisos económicos concretos. Mientras tanto, Río Grande continúa reclamando recursos que considera propios y cuya falta de transferencia afecta la previsibilidad financiera de la ciudad. ]]>