“Lo que estamos tratando es un informe preliminar producto de una inspección solicitada por la Agencia Nacional de Puertos. Ese informe fue elevado al director ejecutivo de esa entidad, y nosotros fuimos puestos en copia con un plazo de cinco días para responder a las observaciones que allí se detallan”, explicó Murcia.
Sobre el origen del conflicto, el funcionario indicó que la inspección fue motivada por una denuncia realizada por personal de planta permanente de la institución, en el marco de la sanción de la ley de financiamiento del SED. Según el presidente, dicha denuncia sostenía que se estaban desviando fondos del puerto, algo que desde el organismo desmienten rotundamente.
“Nosotros contestamos esa nota en su momento, incluso con una presentación firmada por la mayoría de los empleados portuarios. Le explicamos al gobernador que no contábamos con recursos para transferir a ese fondo. El gobernador acompañó nuestra respuesta y solicitó a la Legislatura la derogación parcial del artículo que involucra al puerto en dicha ley”, remarcó.
Respecto a las acusaciones de que el puerto habría financiado la construcción del nuevo centro de rehabilitación, Murcia aclaró que “no se trató de una entrega de dinero, sino de un préstamo con rentabilidad, autorizado por la normativa vigente. Es una colocación financiera permitida por ley, como lo hacemos también con otras herramientas como las letras de tesorería. Todo fue auditado por el Tribunal de Cuentas, que incluso participó en la redacción de las cláusulas de devolución”.
El funcionario defendió el accionar de la Dirección Provincial de Puertos, asegurando que todo se enmarca dentro de los mecanismos legales de gestión financiera y que el objetivo de estas colocaciones es preservar el valor real del dinero, especialmente frente al contexto inflacionario.
En cuanto al trasfondo político de esta situación, Murcia no dudó en señalar que “este es claramente un tema político. Se apunta directamente al gobernador Gustavo Melella y a la vicegobernadora Mónica Urquiza. Se mezcló la política con el mejor puerto de la República Argentina, y eso es grave”.
Además, sostuvo que el informe en cuestión ha sido malinterpretado por ciertos sectores. “Desde Nación se mencionan posibles sanciones que van desde una multa hasta una intervención, pero eso no significa que el puerto vaya a ser intervenido. De ninguna manera están dadas esas condiciones. Es una mala lectura del informe”, advirtió.
Finalmente, descartó cualquier impacto sobre la actividad portuaria y la próxima temporada. “La temporada no está en peligro en absoluto. Seguimos trabajando con todas las empresas y tenemos una proyección incluso mejor que la del año pasado. Estamos ejecutando obras estratégicas como el acceso al puerto de Ushuaia, que demandará una inversión de más de 1.200 millones de pesos. Necesitamos tener el respaldo económico para sostener ese nivel de infraestructura”.
Murcia, en este sentido, reafirmó el compromiso del puerto con el desarrollo regional y el trabajo transparente, al tiempo que anticipó que la respuesta formal al informe a la auditoría será enviada la próxima semana.
