Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”

Especialistas, organizaciones y vecinos se reunieron en el Centro Cultural Actuar para un conversatorio titulado "La defensa del mar". El evento tuvo como objetivo discutir las posibles consecuencias de la salmonicultura en aguas fueguinas, en el contexto de la actual discusión en la Legislatura fueguina sobre la modificación de la Ley provincial 1355, sancionada por unanimidad en 2021. Adrián Schiavini, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CADIC-CONICET, fue uno de los expositores. La propuesta, aún en debate en la Legislatura provincial, se presenta con la promesa de "miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo". Sin embargo, para Schiavini, estas cifras son, en el mejor de los casos, exageradas; y en el peor, meras operaciones de prensa que buscan generar expectativas falsas en la sociedad. El peso de la información falsa En declaraciones a El Rompehielos, Schiavini explicó que el objetivo principal de estas charlas es "informar a la comunidad", ya que circulan datos imprecisos en redes sociales y medios de comunicación. Días atrás, se difundieron datos del reporte SOFIA de la FAO —organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura—, pero dicho documento no hace mención a Tierra del Fuego ni proporciona cifras sobre la generación de empleo local. Schiavini considera esto una manipulación comunicacional que utiliza el prestigio de la ONU para legitimar una actividad cuestionada a nivel mundial. Resumió: "En esta época de redes sociales, las noticias falsas se utilizan para confundir y generar falsas expectativas". Tierra del Fuego no puede ser Chile Uno de los argumentos que más se repite en defensa de la salmonicultura es que Chile exporta más de 6.000 millones de dólares al año en salmón. Para quienes promueven el negocio, Tierra del Fuego podría replicar ese modelo. Pero el especialista fue tajante: “Eso es una fantasía”. La razón es geográfica y ambiental. Mientras el litoral chileno cuenta con alrededor de 20.000 kilómetros de fiordos, bahías y caletas protegidas —condiciones ideales para instalar jaulas salmoneras—, en la provincia apenas existen 400 kilómetros utilizables. “Algunos políticos parece que se ratearon de la clase de matemática: es una simple regla de tres. Pretender que con nuestras aguas se va a replicar la escala chilena es mentirle a la gente”, dijo Schiavini. Además, recordó que gran parte de las costas fueguinas forman parte de áreas protegidas, como la Reserva de Península Mitre y las aguas de Isla de los Estados, donde está específicamente prohibido introducir especies exóticas. La Ley 55 de Ambiente provincial también prohíbe la introducción de especies exóticas, con excepción de aquellas permitidas por la Autoridad de Aplicación. Esto plantea la pregunta, quién estaría dispuesto a introducir más especies exóticas y hacerse cargo de las consecuencias luego de lo sucedido con el castor, el visón americano y el zorro gris (entre otros) todos en nombre del “desarrollo” y la “actividad productiva”. Cada uno de ellos impacta directamente en otras especies, algunas inclusive en peligro crítico de extinción como el huillín, y le generan a la provincia costos incalculables de pasivo ambiental, alterando y destruyendo el ecosistema boscoso y de los cursos de agua que, eventualmente, aunque no parezca afectan a los fueguinos. Costos imposibles y promesas incumplibles Aún en el caso hipotético de instalar salmoneras en mar abierto, el panorama es poco alentador. Según explicó Schiavini, para encontrar la profundidad adecuada sería necesario ubicar las jaulas a unos 50 kilómetros mar adentro, con un nivel de inversión altísimo y una logística comparable a la industria petrolera: barcos de apoyo permanentes, equipos de control, personal especializado. “Se puede hacer, claro, pero el producto resultante sería carísimo e imposible de competir con el salmón chileno”, advirtió. “Hablar de miles de millones de dólares de ingreso para Tierra del Fuego es, en este contexto, un engaño”, remarcó. Riesgos ambientales y trampas legales Más allá de la inviabilidad económica, el biólogo también se refirió a los impactos ambientales: acumulación de desechos orgánicos, uso intensivo de antibióticos, depredadores como lobos marinos y orcas atraídos por los salmones, y el riesgo de que especies exóticas escapen y compitan con fauna local. En caso de autorizarse proyectos en la costa atlántica, toda esa contaminación terminaría arrastrada hacia Península Mitre por las corrientes marinas. “La basura y la contaminación terminarían allí, en una de las áreas más valiosas y frágiles de la provincia”, alertó. Schiavini también señaló un riesgo político: que se permita primero una versión acotada del proyecto, y luego, bajo presión de inversiones ya realizadas y empleos creados, se avance hacia los lagos y lagunas interiores. “El dictamen dice que el agua de los de los lagos, lagunas y ríos se utilizará exclusivamente para el uso consuntivo. En mi opinión tiene una redacción confusa que deja la puerta abierta para que, el día de mañana cuando alguien intente colocar salmoneras en las aguas de la costa atlántica y evalúen la inviabilidad de semejante empresa, se den vuelta y le digan al gobierno: ‘miren, la verdad que queríamos cultivar en las aguas marinas, pero es imposible. Compramos todo esto, tenemos esta inversión y toda esta gente contratada, tenemos que pasar a los lagos y lagunas’. Ese fenómeno, conocido como “sobre-capitalización”, ya ocurrió en la industria pesquera de merluza en los 90, con consecuencias desastrosas. “Entonces yo invierto en capital para producir y le sumo la presión de la gente contratada para después decirle al administrador de turno ‘si no paso a las lagunas y ríos se va a quedar sin trabajo toda esta gente”. ¿Decisión tomada? A la Legislatura provincial ingresaron tres proyectos distintos: dos impulsados por La Libertad Avanza y uno por el Poder Ejecutivo. Los dos primeros fueron descartados, perdiendo la Libertad Avanza el protagonismo del debate y obteniendo dictamen el del Poder Ejecutivo. En la entrevista, Schiavini llamó la atención sobre una pieza clave del contexto: el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2021. Esa norma habilita a que las empresas que aportan al fondo puedan reinvertir parte de esos recursos en proyectos distintos a su actividad original. Para el biólogo, este esquema abre la puerta a que capitales ya instalados en la isla busquen diversificar hacia la salmonicultura, aun cuando se trate de una actividad altamente cuestionada a nivel ambiental y con viabilidad económica dudosa en este territorio.

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