RUPE: revisarán los requisitos, controles y procedimientos para otorgar pensione

El sistema de pensiones especiales de Tierra del Fuego será sometido a una revisión normativa y administrativa luego de que el Tribunal de Cuentas provincial detectara deficiencias en los mecanismos de control y en los procedimientos vinculados con el otorgamiento y seguimiento de los beneficios. A partir de estas observaciones, el Gobierno provincial estableció un plazo de 60 días para elaborar propuestas que permitan mejorar el funcionamiento del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 220/2026 de la Secretaría Legal de Gobierno, fechada el 21 de octubre, que establece un plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, el Ministerio de Salud y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La intervención surge como respuesta a una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, cuyo informe final advirtió sobre la necesidad de establecer reglas más precisas para determinar responsabilidades, verificar el cumplimiento de requisitos y fortalecer los controles administrativos. Uno de los principales aspectos señalados por el organismo de fiscalización fue que la ausencia de determinados procedimientos puede dificultar la detección de incumplimientos, omisiones o situaciones que eventualmente ocasionen perjuicios económicos al Estado provincial. Frente a este escenario, la Secretaría Legal dispuso avanzar en la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan ordenar el funcionamiento del régimen, aunque aclaró que la aprobación del plan no significa que las deficiencias observadas hayan sido solucionadas. El trabajo estará dividido en distintas etapas y deberá completarse dentro de un período máximo de dos meses. Durante las primeras tres semanas se elaborará un proyecto de reglamentación integral del RUPE, destinado a establecer con mayor claridad las competencias de cada organismo, las responsabilidades administrativas y los mecanismos de coordinación. También se buscará definir procedimientos específicos para las altas y bajas de beneficiarios, los controles periódicos y los plazos que deberán cumplir las áreas encargadas de administrar las pensiones. Una segunda etapa estará concentrada en revisar los procedimientos internos del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, particularmente aquellos relacionados con la documentación necesaria para acceder a los beneficios y las verificaciones que deben realizarse para comprobar que se mantienen las condiciones exigidas por la normativa. Entre los puntos contemplados aparece la necesidad de establecer controles diferenciados según las categorías de pensiones, además de mecanismos para verificar el cumplimiento de los requisitos, incluida la situación económica de quienes reciben las prestaciones. El plan también prevé incorporar procedimientos vinculados con el Sistema de Protección y Acogimiento Familiar (SPAF), teniendo en cuenta la estructura administrativa actualmente vigente. Otro de los aspectos incluidos en la resolución está relacionado con el recupero de acreencias sanitarias, una cuestión que involucra directamente al Ministerio de Salud y a la OSEF. En este caso, se pretende establecer un circuito administrativo y jurídico que permita ordenar la facturación de prestaciones, la validación de documentación, los controles médicos y administrativos, el registro de deudas y los procedimientos necesarios para reclamar los importes correspondientes. La propuesta deberá contemplar mecanismos de conciliación, notificación, regularización y, cuando corresponda, la posibilidad de iniciar acciones judiciales para recuperar acreencias. También tendrá que identificar qué áreas serán responsables de cada intervención y cuáles serán los plazos y requisitos documentales exigidos. Para avanzar con estas tareas, los organismos involucrados deberán designar representantes con conocimientos técnicos y jurídicos. Cada institución tendrá que nombrar un enlace titular y otro suplente dentro de los cinco días corridos posteriores a recibir la comunicación oficial. La coordinación general estará a cargo de la abogada Natalia Daniela del Moral Bastia, quien tendrá la responsabilidad de organizar el cronograma, registrar las actuaciones administrativas y presentar informes sobre el avance de las distintas etapas. Una vez elaborados los proyectos, se realizará una instancia de revisión conjunta entre los organismos participantes. Posteriormente, las propuestas serán elevadas a las autoridades correspondientes para determinar su aprobación y eventual implementación. Durante la etapa final también deberá remitirse un informe al Tribunal de Cuentas que permita identificar cuáles de las medidas fueron efectivamente aprobadas y cuáles continúan pendientes de resolución. La Secretaría Legal dejó expresamente establecido que esta intervención no modifica automáticamente el funcionamiento actual del RUPE ni implica decisiones sobre situaciones particulares de los beneficiarios. Tampoco dispone la suspensión de pensiones, reintegros de dinero, investigaciones administrativas o acciones judiciales concretas. Cualquier modificación que pueda afectar derechos individuales deberá respetar los procedimientos legales correspondientes, garantizando que las personas involucradas puedan acceder a la información, presentar documentación, formular descargos y obtener decisiones debidamente fundamentadas. Asimismo, se establece la obligación de proteger los datos personales relacionados con cuestiones de salud y discapacidad, especialmente por tratarse de información sensible vinculada con quienes reciben prestaciones sociales. Sin embargo, uno de los aspectos que surge de la documentación oficial está relacionado con los tiempos administrativos utilizados para responder a las observaciones del Tribunal de Cuentas. La Resolución Plenaria 118/2026, emitida el 20 de agosto, había solicitado que la Secretaría Legal presentara un plan de intervención dentro de los diez días corridos posteriores a su notificación. Según consta en la resolución, esa comunicación fue recibida el 21 de agosto, mientras que la aprobación formal del cronograma de trabajo recién se produjo el 21 de octubre, dos meses después. Esta diferencia entre el plazo originalmente requerido y la fecha de aprobación del plan constituye uno de los puntos que quedan pendientes de explicación respecto del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el organismo de control. De esta manera, el Gobierno provincial deberá avanzar en la revisión de los procedimientos administrativos del RUPE y de los mecanismos de recupero de acreencias sanitarias, en un proceso que busca responder a las observaciones de la auditoría y establecer herramientas de control más precisas. La efectividad de las medidas dependerá de que las propuestas sean finalmente aprobadas y puestas en funcionamiento por las autoridades competentes.