
Lo resolvió el Gobierno hasta el 28 de febrero con la intención de blindar el tratamiento de los proyectos en debate y sumar una nueva propuesta sobre el financiamiento universitario. El conflicto por el presupuesto universitario —que incluyó masivas movilizaciones y un veto presidencial— derivó en un frente judicial que el oficialismo intenta encauzar con una ley “implementable” y compatible con el superávit fiscal.

La intervención responde a una planificación técnica orientada a consolidar la infraestructura vial en los puntos más exigidos por la circulación diaria, acompañando el crecimiento ...
