Ambas entidades en Río Grande refuerzan el trabajo conjunto para que la recepción de denuncias sea con un trato digno, sin revictimización y respetando la identidad autopercibida de cada persona.
RÍO GRANDE. – El Secretario de la Fiscalía de Género, Federico Saldivia, destacó que «es un trabajo en conjunto con la Comisaría de Género que, más allá de la aplicación constante de la ley vigente, ya se aplicó en una causa de flagrancia en particular en la que se buscó otorgar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género percibida por la persona víctima de un delito».
Además explicó que «por disposición de los fiscales de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, se articuló poner en conocimiento de la comisaría interviniente los alcances de la aplicación de la ley de identidad de género”.
“Sobre todo en aquellos casos sensibles, en los que las víctimas se autodeterminen con una identidad distinta a la que aparece en su documento nacional de identidad físico. Se debe respetar la integridad y esa autodeterminación de la identidad de cada ciudadano que recurre ante el Poder Judicial por haber sido víctima de un delito», expresó el funcionario.
El acuerdo se apoya en tres normas claves: la Ley 26.485 que obliga al Estado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; la Ley 26.743 que garantiza el respeto a la identidad de género autopercibida en todo trámite; y la Ley 27.499 (Micaela), que establece la capacitación obligatoria en género para todo el personal del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad.
En la práctica, esto significa que las denuncias deben recibirse sin demoras, en espacios privados, con lenguaje claro y acompañamiento. El registro se hará siempre con el nombre y pronombres que indique la persona denunciante, sin pedir requisitos adicionales. También se reforzará la evaluación de riesgo y la adopción inmediata de medidas de protección, como botón antipánico, restricción de acercamiento o custodia preventiva.
Otro punto central será la capacitación permanente de oficiales y administrativos, para garantizar entrevistas libres de prejuicios, confidencialidad de la información y un acompañamiento real a las víctimas.
Con estas acciones, se busca que toda persona que acuda a denunciar pueda hacerlo con la certeza de que será recibida con respeto, contención y con pleno reconocimiento de su identidad.
