La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial condenó a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo al enfermero Andrade, acusado de abusar sexualmente de un paciente en el Centro de Salud Mental de Río Gallegos. El tribunal rechazó los pedidos de absolución de la defensa y dio lugar al pedido de la fiscalía y de la querella integrada por los doctores Cristian Arel y Gabriel Bertorello.
En septiembre de 2023, se reveló la denuncia contra un enfermero del Centro de Salud Mental de Río Gallegos, acusado de abusar sexualmente de un joven con retraso madurativo y esquizofrenia durante una internación por un brote psicótico. La jueza Rosana Quintana dispuso entonces su procesamiento y prisión preventiva, tras valorar lo que el abogado querellante Cristian Arel definió como «pruebas contundentes».
«Ese procesamiento no fue un mero capricho, quedó acreditada la materialidad del hecho», señalaba Arel en ese momento.
El juicio oral y los testimonios
Tras casi dos años de investigación, el caso llegó a juicio oral en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, en Río Gallegos. Las audiencias se realizaron el 6 y 7 de agosto de este año con la declaración de numerosos testigos, incluidos médicos, personal de salud y peritos.
El lunes 11 de agosto se llevaron adelante los alegatos finales. La fiscal Verónica Zuvic, junto a los querellantes Cristian Arel y Gabriel Bertorello, solicitaron una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo. La defensa, en cambio, reclamó la absolución del acusado, insistiendo en su inocencia.
La sentencia: 12 años de prisión
Finalmente, en la jornada del martes 19 de agosto, la Cámara Criminal resolvió rechazar todos los pedidos de nulidad y absolución de la defensa, dando lugar al pedido de la fiscalía y la querella. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad del enfermero Andrade y lo condenó a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Además, se dispuso que continúe detenido mientras avanza el proceso de cumplimiento de la pena. De esta manera, la Justicia dio una respuesta contundente a un caso que, por la vulnerabilidad de la víctima y el contexto en que ocurrió el hecho, se convirtió en uno de los más sensibles de los últimos años en Río Gallegos.
