Desde el SUTEF expresan su más enérgico repudio a la aprobación del artículo 30 del Presupuesto Nacional, votado recientemente en el Senado, que consolida un brutal ajuste contra la educación pública, la ciencia y la tecnología.
El artículo 30 deroga leyes que garantizan el financiamiento del sistema educativo nacional y la inversión en ciencia / tecnología.
▪️Ley de Educación Nacional Nro. 26.206: se elimina el piso de financiamiento del 6% del PBI para el sector educativo, lo que implica el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar recursos para el acceso a educación gratuita y de calidad en todo el país.
▪️Ley Nro. 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: desarma el esquema de financiamiento del sistema científico y afecta el desarrollo al servicio de la nación.
▪️Ley Nro. 26.058 de Educación Técnico Profesional: elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, desfinancia a las escuelas técnicas y agrarias.
Esto implica que el Estado Nacional renuncia a su responsabilidad indelegable de garantizar el financiamiento del sistema educativo y científico, profundizando las políticas de ajuste iniciado por el Gobierno Nacional desde el 2023 (ver informe www.sutef.org/desfinanciamientoeducativo), afectando de manera profunda a las provincias y vulnerando el derecho social a la educación.
Este ajuste no solo afecta el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la educación: impacta de lleno en las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades, que han perdido el acceso a bienes, derechos y políticas que antes estaban garantizadas por el Estado. Se trata de un ataque estructural, planificado y ejecutado desde el gobierno de Javier Milei, que pone en riesgo el presente y el futuro de nuestra patria.
Frente a este escenario, desde el SUTEF llamamos a impulsar un plan de lucha nacional, a delinear un plan de acción colectivo, con organización, movilización y coordinación entre sindicatos, estudiantes y comunidades, para defender la educación pública, la ciencia y la tecnología como derechos sociales irrenunciables.
