La decisión de la ministra Bullrich de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores, los cuales cumplían sus penas en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, generó un enérgico repudio de los organismos de Derechos Humanos, quienes rechazaron colectivamente este anuncio y remarcaron que las condenas deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos.
“Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”, refirieron los entes.
El Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, manejado por Patricia Bullrich, anunció el traslado de Alfredo Astiz y otros represores –que cumplían sus penas en el Complejo Penitenciario 7mo de Ezeiza – a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El argumento es la sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres. El Tribunal Oral Federal 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos personales realizados por los represores.
Iris Pereyra de Avellaneda, victima sobreviviente de Campo de Mayo y mamá de Floreal Avellaneda, secuestrado y asesinado por la última dictadura militar, repudió está decisión. “La verdad que es una verguenza”, afirmó en diálogo con FM Tinkunaco.
“No tendrían que estar en Campo de Mayo, tendrían que estar en cárcel común, como nos tenían a nosotros en centros clandestinos. Que sufran los que nos hicieron sufrir a nosotros”, agregó.
Los organismos de Derechos Humanos rechazaron colectivamente este anuncio y remarcaron que las condenas deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos.
“Tienen de todo y salen, no a la calle sino ahí adentro. Pasean, vienen, van, se reunen. Campo de Mayo es una cueva de delincuentes”, añadió Pereyra de Avellaneda sobre la “cárcel VIP” a donde el gobierno quiere trasladar represores.
Finalmente, los organismos de zona norte pedirán una audiencia con el director de Derechos Humanos de Nación para pedir permiso y realizar un próximo acto dentro de Campo de Mayo.
El Director General de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, solicitó autorización, entre otros, al Tribunal Oral Federal N° 2 para trasladar a los genocidas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Gerardo Jorge Arráez y Miguel Ángel Britos y al TOF 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA Alfredo Ignacio Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Rádice, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro. “Los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo”.
“Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común. Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí Justicia. Mientras, ellos siguen sin romper los pactos de silencio para decirnos dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados y dónde están los cuerpos de los miles desaparecidos”.
En un comunicado expresan que "El año pasado conocimos el plan de impunidad de LLA, que tuvo un fuerte repudio social y no pudo avanzar ni en la clausura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ni en la libertad o domiciliarias automáticas de los genocidas. Si bien ahora el argumento del Servicio Penitenciario Federal para pedir el traslado es «liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas», consideramos que los genocidas deben estar en cárcel común. Esto nos lleva a decir, una vez más, que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad".
"El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas que en Ezeiza, por ejemplo, se encuentran en pabellones que registran una ocupación del 50%. La situación carcelaria demanda una política integral dispuesta a resolver los problemas de fondo como las detenciones indiscriminadas, el abuso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas para muchos delitos comunes".
"Como familiares, como sobrevivientes, como querellantes, rechazamos que los genocidas cumplan su condena en la cárcel de privilegio de Campo de Mayo".
